27 octubre 2008

Leyes, territorio y despropósitos socioambientales en Canarias

Que un grupo de ciudadanos sea capaz de anticiparse positivamente a los que se dicen profesionales de la política que están a sueldo del legislativo para, supuestamente, representar a la sociedad, aunque luego lo que hacen es representar otro tipo más oscuro de intereses, no es algo que pase todos los días. Y no porque la mayoría de los ciudadanos honrados demuestren siempre estar más preparados que quiénes nos gobiernan, al margen dejo aquellas supuestas organizaciones muchas veces unipersonales que son fanáticas de la intriga y que se dedican a enmierdarlo todo poniendo en solfa la unidad de la izquierda por pura falta de responsabilidad y/o afán de protagonismo mientras se agazapan en el aparente anonimato que la red propicia, sino porque pocas son las oportunidades que las instituciones dejan para la auténtica democracia que es la de la participación ciudadana. Un trabajo duro que ha realizado mucha gente anónima, me consta lo que digo porque los he visto trabajar, han sido las dos últimas Iniciativas Legislativas Populares promovidas por Ben Magec Ecologistas en Acción contra la construcción del Puerto de Granadilla, recogidas más de 56 mil firmas, o la de crecimiento turístico cero, hay más de 40 mil firmas válidas, y que por primera vez en la historia de la autonomía se desarrolló a la vez en todas las Islas Canarias. La de Granadilla fue rechazada y despreciada vilmente por un Parlamento que aunque pueda tener toda la legitimidad que les dé la gana casi nunca ha tenido la más mínima autoridad moral y la de moratoria turística está siendo frenada por la Ley de Medidas Urgentes más conocida como Ley Berriel.
Las diferencias entre la Iniciativa Legislativa Popular y la Ley de Medidas Urgentes no sólo es abismal sino que parece mentira que las dos se refieran a la misma cosa. Mientras que la ILP aboga por un turismo de calidad limitando el crecimiento de la planta tradicional, rechaza las construcciones de nuevas camas con carácter excepcional ligadas a los campos de golf y permite la creación de plantas rurales en establecimientos de este carácter rehabilitados al efecto la Ley Berriel legaliza el secular trapicheo en el que tan cómodos se han sentido durante décadas los políticos, caciques y la gran parte del empresariado canario. Con esta ley salvo aquellos lugares del territorio protegidos expesamente, parece que de momento, todo terreno pasa a tener carácter urbano o a tener posibilidades de ello. Se crea un sistema de permutas de suelo entre los empresarios si se hacen públicas determinadas zonas, se permite la construcción de hoteles escuela durante cinco años con una regulación muy difusa y que incita a la especulación y se establecen unos criterios muy latos para la permuta de camas alojativas según la calificación en estrellas del hotel en cuestión.
Pocas cosas ha conseguido este triste gobierno de Paulino Rivero en encontrar la práctica unanimidad como esta Ley Berriel protestada desde amplios sectores económicos y sociales del archipiélago salvo, claro está, los constructores de las islas estilo Antonio Plasencia que, de una vez por todas, deberían sentarse a gobernar y no hacerlo mediante intermediarios. Y es que hace un año el presidente Rivero simuló un giro más hacia lo rural de sus raíces en contra de perfil del anterior gobierno de Adán Martín completamente inclinado hacia la construcción que le ha durado poco. La disposición de cualquier gobierno de ATI que ha existido es satisfacer siempre a una maraña difusa de intereses que tienen detrás y que siempre han tenido muchos reparos con Rivero porque lo consideran un beillo muy lejano a la jet chicharrera representada por impresentables como Melchior o Martín. La dimisión esta semana de Faustino García Márquez, ex director de la Agencia Canarias de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático creada ad hoc por Rivero como política cosmética de que su gobierno iba a tomar otra orientación, ha significado una demostración tangible de que el gobierno canario es una tapadera para favorecer a determinados núcleos empresariales. García Márquez, padre de la actual ley de moratoria turística burlada durante años por sucesivas regulaciones dispuestas a burlarla, ha declarado que su renuncia al cargo se enmarcaba con una visión contraria a la Ley Berriel. También añadió que le parecía mucho mejor la ILP propuesta por Ben Magec.
Que Berriel esté a cargo de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial es un insulto no sólo porque su gabinete esté a años luz de la debida protección del medio ambiente y que su leyes signifique otro tipo de orden del territorio sino porque le recordamos en aquel trapicheo entre el empresario Santana Cazorla y Adán Martín cuando las escuchas del caso Anfi Tauro y el qué hay de lo tuyo que le dijo al empresario con afán de intermediar con el ex presidente. Ahora la Viceconsejería de Medio Ambiente se enfrenta a nada menos que la descalificación como especie protegida de las sebas del entorno de la zona donde se quiere construir el puerto de Granadilla, en una antología más del disparate, por parte de la Autoridad Portuaria. Antonio Machado, presidente a dedo de la pantomima del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, ha declarado que aunque dejara de existir este espacio, que son alrededor de cuatro kilómetros cuadrados, la población total de sebas de Canarias no se vería afectada pues suman un total de 400 kilómetros cuadrados. También se sabe que con él o sin él los sin vergüenzas que llevan muchos años tras la construcción del puerto de Granadilla van a tratar de salirse con la suya y que su puesto, por muy rimbombante que suene, no es necesario sino para dotar de una apariencia de legalidad la mayor agresión a la costa en el territorio de la Unión Europea en muchos años por lo que sería de alabar que su actitud fuera la mitad de digna que la de Faustino García Márquez y abandonar la presidencia del Observatorio del puerto pues, nos consta, que para sus cualificaciones como biólogo esta presidencia va a significar una verdadera mancha.
Aunque infames iluminados como José María Aznar se empeñen en negar el cambio climático y editen libros absurdamente negacionistas como Planeta Azul no Verde del presidente checo Vaclav Klaus esto no viene sino a confirmar que el cambio climático es algo que está ahí y que en gran medida el ser humano es el causante acelerado de este proceso que a veces parece irreversible pero que otras se exageran sus consecuencias. El caso es que las posibles soluciones al cambio climático impiden a las grandes multinacionales actuar ambientalmente con la impunidad que han tenido siempre y ahora, con la actual crisis que significa un fracaso del modelo depredador capitalista, se están tratando de dejar atrás acuerdos más bien de mínimos con el de Kyoto. Y es que el sistema es tan ilógico que con un muy pequeño porcentaje que los estados, dinero que viene directamente de los ciudadanos, están inyectando en al infectada banca internacional afectada por el virus de las subprime daría para eliminar completamente la pobreza de la faz de la Tierra. En esta crisis ya estamos oyendo voces que claman para que se dejen de tener en cuenta los factores ambientales y de erradicación de la pobreza para salir de ella aunque en los próximos años vayan a morir millones de personas. Recordemos que en Canarias nuestros políticos son especialistas en aplicar este tipo de discursos, aunque de verdad no sepan de qué están hablando, y me apuesto que dentro de poco empezarán a aplicarlo a las islas con todas las malas consecuencias que pueda tener sobre la presión del territorio ya que el modelo económico de las islas es obsoleto y necesita de mucho territorio virgen, que apenas queda, para prosperar. Ojalá, me hago eco de lo que mucha gente dice, nos gobernaran ciudadanos con las capacidades y el talante de muchos miembros de Ben Magec Ecologistas en Acción.
Canarias 24 Horas, 27 de octubre de 2008.