La putrefacción de Las Teresitas

Las actitudes que hemos visto estos días de la clase político empresarial con la apertura a la luz pública de los 70 mil folios de la Operación Malvasía, más conocida como el Caso de Las Teresitas, lejos de ser un triste contrapunto que pareciera anecdótico sobre cómo pueden llegar a hacerse las cosas en Canarias en un momento dado representan, más bien, la punta del iceberg de un mal crónico como es la corrupción que campa en las islas desde hace más de 30 años con la llegada de la democracia y el Estatuto de Autonomía a Canarias. En un país donde presuntamente hasta el yerno de Rey Iñaki Urdangarin utiliza sus influencias para meter mano en lo público para sus intereses personales no iban a hacer menos la casta política canaria entroncada con el caciquismo secular de las islas que nunca han sentido espíritu democrático alguno y que piensan que la cosa pública es su cosa y de nadie más. Estas actitudes hemos visto que están representadas según este caso en los tres grandes partidos de las islas, CC (incluyendo aquí al partido creado para la delincuencia por uno de los imputados el CCN), PSOE y PP, que son el trile sobre el que se sustenta el sistema meritocrático canario. Esta playa estuvo cerrada al baño hace un par de años por unos vertidos desconocidos que nunca se explicaron bien ahora todo lo que tiene que ver con Las Teresitas significan una podredumbre para todos los que han estado relacionados con ella en estos años.

Yo poco voy a contar sobre los detalles que están saliendo estos días en la prensa, no tengo el sumario ni tiempo y estómago para trabajar todo ese material, pues es algo que se sale del objetivo de este texto pero en todo ello encontramos una serie de constantes que ponen en evidencia el funcionamiento de las instituciones y empresas en Canarias.  Unas islas donde reina el descaro de sujetos como Miguel Zerolo, que en algún momento se debió creer con toda la impunidad del mundo para actuar con pies de elefante pagando todos sus gastos en efectivo durante años o comprando propiedades con 145 décimos de lotería premiados en dos sorteos con tan sólo 15 días entre uno y otro, la arrogancia de empresarios como Antonio Plasencia e Ignacio González que no dudaron en untar a decenas de políticos con las migajas de los 120 millones de euros que se levantaron limpios de polvo y paja de la operación sin haber puesto un puto céntimo o el de periodistas chusqueros adeptos al régimen con Andrés Chaves, un personaje sacado más bien de la película de Santiago Segura Torrente que de la vida real, cuando no tenía reparos en llamar a su amigo Zerolo, ahora entendemos sus gastos de tinta en defenderlo pues con ello ha tratado siempre de defenderse a sí mismo, para hacer prácticas de tiro gratis en las instalaciones de la UNIPOL. Todo ello son miserias de muertos de hambre, pues así podemos calificar a los políticos y periodistas que se beneficiaron en todo este tinglado de Las Teresitas, si miramos en verdadero caso que es el saber dónde están los 120 millones de euros y el doble papel jugado por el abogado Mauricio Hayek que es el verdadero cerebro de toda esta trama y quien sin duda es la clave para conectarlo con otro tipo de asuntos que a poco que se tire de la manta, cosa de la que no hay voluntad política ni mucho menos judicial visto las pocas ganas que tiene la jueza instructora Carla Bellini que no hay que olvidar que fue el PP quien en su día la puso ahí, se podría llegar a la conclusión de que la corrupción en Canarias es algo más generalizado que la simple anécdota que estamos viendo estos días con la apertura pública del sumario del Caso Malvasía.

Lo de Miguel Zerolo es particularmente repugnante en tanto que es el PSOE el mayor responsable de haber facilitado la huída hacia adelante del imputado más célebre de toda Canarias en tanto que con su voto permitieron que éste acabara en el Senado que ya sabemos que es un cementerio de elefantas o, en su caso, un refugio de delincuentes que serán juzgados por un tribunal especial, el Supremo, cuando lo que sería de cajón es que este señor perdiera el aforamiento para que lo juzgara un tribunal corriente como le pasaría a cualquier ciudadano. En Actuable hay una campaña de recogidas de firmas para que este individuo dimita como Senador que aunque tuviera millones sabemos que nunca va a hacer caso porque en CC está la costumbre de pasarse por el culo lo que los ciudadanos firmamos, lo digo por las 56 mil firmas de la ILP de Granadilla, pero que espero que cada persona que la firme signifique un punto de vergüenza para un Miguel Zerolo que ya sabemos que es algo que perdió hace mucho, si es que alguna vez la tuvo. Es intolerable que una persona que tiene una ética tan nula e inexistente sea arropado por la casta política canaria como representante de Canarias en una cámara que, aunque sea completamente caduca y cuestionable, nace de la soberanía del pueblo y que pagamos todos con nuestros impuestos.

En este contexto hay al menos dos cosas que para nada me sorprenden, uno está tan con la mosca en la oreja de todo aquello que huele a corrupción en Canarias que ya se lo espera todo, pero por los que sí he sentido una cierta tristeza. Me refiero al caso de ex concejal del PSOE en el ayuntamiento de Santa Cruz José Luis Martín y del azote de los corruptos, tertuliano y sindicalista Justo Fernández pillado por teléfono en una supuesta actitud aduladora a uno de los grandes imputados del caso, el empresario Antonio Plasencia. En los años 90 del siglo pasado José Luis Martín fue el primero y único Consejero de  Asuntos sociales que ha tenido el Gobierno de Canarias antes de la moción de censura que tumbó el gobierno de Jerónimo Saavedra cuando se produjo el advenimiento de CC tras la unión de ATI con otras minorías nacionalistas y los sinvergüenzas de ICAN. De esto han pasado muchos años hasta acabar, presuntamente untado, con 132 mil euros de la trama corrupta y que al final pudo haber acabado blanqueando con la venta de unos terrenos y una emisora de radio que nunca llegó a funcionar. Y es que para emisión de radio la que este señor, y por entonces compañero, nos daba en el bar de la Facultad de Humanidades a mí y a otros donde las palabras ética y decencia siempre estaban presentes pero que, con todo esto, parece que no fueron suficientes para que resistiera la tentación y se dejara untar como todos los demás. Y el caso de Justo Fernández, si es que de verdad en aquella llamada recogida en el sumario con Antonio Plasencia le hacía la pelota a éste cosa que por mucho que haya leído no una sino hasta dos veces no me acabo de creer, es más sangrante si cabe porque durante mucho tiempo muchos lo tuvimos como referente de que las cosas en Canarias se podía hacer de otra manera por denunciar la corrupción. Desde luego su actitud hooligan en la autodenominada emisora de la voz del pueblo poco ha ayudado a clarificar el objeto y la naturaleza de esta conversación que puede ser calificada, como mínimo, de poca afortunada con un empresario como Plasencia cuyo rostro implica la involución del desarrollo en toda Canarias. Este personaje es el responsable máximo de la terrible agresión ambiental que se está perpetrando en Granadilla contra los sebadales, el medio ambiente y el litoral mejor conservado de Tenerife para cobrar el lucro cesante de un puerto que jamás estará terminado y que nunca va a funcionar.

Es una pena que todo este ruido que se ha metido en torno al conocido como Caso de Las Teresitas no nos deje ver la auténtica naturaleza que es una evasión fiscal y de capitales a cuentas en paraísos fiscales, algo que no tiene precedentes en Canarias y lo que es peor, y como he dicho más arriba, una manera de operar habitual de una muy importante parte de la casta política del archipiélago que no entienden que el desempeño de sus funciones sea beneficiar al ciudadano sino a ellos mismos. El Caso de Las Teresitas se acabará olvidando en no mucho tiempo, como siempre los ciudadanos nos quedaremos con una cierta sensación de impunidad, y será muy malo que nos quedemos con la superficie de éste y de las miserias que estos días estamos viendo en la prensa, por muy asquerosas y repugnantes que sean, porque ellas están en la superficie de todo lo que sucede en Canarias.

Canarias 24 Horas, 12 de diciembre de 2011.

Granadilla sigue sin puerto

Acostumbrados como estamos a que nuestros administradores usen la nocturnidad que propician meses como julio y agosto este año ha habido más de uno que ha estado ojo avizor con el tema del inicio de las dichosas obras del dichoso, e inexistente, puerto de Granadilla. Que el Presidente de la Autoridad Portuaria Pedro Rodríguez Zaragoza ha estado haciendo de mamporrero de intereses privados ya no hay nadie que lo dude. El patético inicio de las obras el pasado 30 de julio es un puro paripé que no tiene otro objeto que las empresas adjudicatarias, léase Antonio Plasencia y Promotora Punta Larga principalmente, cobren el enorme lucro cesante de dicha obra, valorado en un 25 por ciento de los 116 millones de euros del préstamo concedido a la Autoridad Portuaria sujeto a la financiación que cada día está más lejana, y que así las empresas hayan hecho un negocio redondo apenas sin llegar a hacer nada. Quién haya leído una reciente entrevista que este empresario concedió al periódico La Opinión lleno de paternalismo hacia sus empleados, cuando en el sector de la construcción se rumorea que ha estado despidiendo a gente para presionar al gobierno en este y otros temas, o sintiéndose ecologista porque los domingos sale con su jeep a contaminar el monte por pistas forestales, somos muchos los que sentimos una arcada profunda porque este sea el paradigma empresarial de quienes nos gobiernan. Canarias tiene experiencia en este tipo de pelotazos, no se puede calificar de otra manera el hecho que las administraciones pierdan el celo que tiene que tener para ejecutar sentencias y ahorrarse indemnizaciones innecesarias, pues ya van por casi 1.500 millones de euros los que las instituciones públicas de las islas debe abonar a particulares por mala gestión pública.

El viernes 30 de julio, cuando la Autoridad Portuaria estaba dispuesta a anunciar a bombo y platillo que las obras empezaban de nuevo en Granadilla, llegaba una providencia muy importante del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ésta se convocaba a las partes en litigio, Ben Magec Ecologistas en Acción y esta misma Autoridad, a presentar alegaciones en un plazo de diez días sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad a la ley del Catálogo de Especies de Canarias debido a un posible exceso de competencia de esta ley en relación a la legislación básica del Estado. También se dice en ella que no es pertinente terminar el proceso de suspensión de la descatalogación de los sebadales planteada por la Autoridad Portuaria y ordenada por el mismo Tribunal hace ahora año y medio. Una providencia de apenas dos páginas dejaban patinando a las instituciones empecinadas en el proyecto y a la prensa, en pleno verano que en estas fechas abusa de becarios, que apenas supo reaccionar de manera oportuna.

Han sido decenas de miles de personas, la mayoría anónimas, las que han estado pendientes a este tema de las obras del puerto de Granadilla desde hace más de una década y sobre las cuales nunca se dirá lo suficiente por haber contribuido a mantener el contencioso del puerto siempre en un lugar muy importante de la opinión pública. Este es el conflicto medioambiental más largo que se haya mantenido en activo nunca no sólo en todo el Estado español sino en la Unión Europea y sin esta ciudadanía concienciada el desastre social y ecológico que supondría dicho puerto ya estaría perpetrado. Sin embargo, y cuando hay que nombrar a alguien en el tema jurídico de este conflicto, no hay palabras para agradecer a Pedro Fernández Arcila, abogado de ATAN y militante de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, toda la labor que ha hecho. Auténtico experto de las leyes ambientales y administrativas, desde los niveles más próximos hasta los convenios comunitarios e internacionales, este hombre de semblante apacible tiene en jaque a decenas de abogados y bufetes prestigiosos que las administraciones, pagando con nuestro dinero, tienen contratados para, paradójicamente, ir en contra de los intereses de la ciudadanía en el disparate de este puerto. La información aportada por este abogado el primero de julio es de una exhaustividad tan grande que el TSJC no ha podido sino contestar con esta providencia que ha acabado por desencajar a más de uno. Recordemos que el auto de suspensión cautelar dictado en marzo de 2009 también estaba el rejo de Pedro Fernández Arcila. Hay que tener en cuenta que todo se ha hecho siempre desde la más estricta legalidad aunque en todo este proceso ha habido gente de muy baja calaña, periodistas y políticos a sueldo del empresariado, que han insultado a los opositores del puerto llamándolos talibanes ambientales cuando aquí lo que ha habido es una ciudadanía concienciada que democráticamente ha justificado su negativa al proyecto y lo ha hecho legal y pacíficamente pero sobre todo con razones cosa que no pueden decir los mismo sus defensores que lo único que han dicho del tema son falacias.

Todo esto ha sucedido en una semana que ha estado muy movida en torno al catálogo de especies y al nuevo comienzo de las obras del puerto de Granadilla. El miércoles se reunieron miembros de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife con el PSOE y lograron sacarles el compromiso a este partido que antes que acabara el plazo, el próximo 10 de septiembre de 2010, el PSOE iba a forzar una reunión Canarias Estado sobre el tema de la posible inconstitucionalidad de la ley de catálogo de especies y obtuvieron un compromiso del propio Hernández Spínola, este mismo había salido días antes en una rueda de prensa para hablar de las irregularidades de dicha ley, de promover un recurso de inconstitucionalidad. Parece ser que cada vez es más gente dentro del PSOE la que se está planteando el apoyo al puerto de Granadilla por las enormes irregularidades que se están viendo en este dichoso proyecto. Sin ánimo de aconsejar a nadie más de la cuenta lo que debería hacer el PSOE es, de una vez, recurrir la citada ley ante el Constitucional y dejarse de monsergas porque llevan tiempo siendo la tercera pata en la que se sustenta CC y PP en Canarias. Si me he extendido tanto con este párrafo es para mostrar que hay un compromiso de este partido en contra de la ley del catálogo y todo ello lo quiero recoger aquí por si un día hacen gala del cinismo político que tan bien los ha caracterizado durante tanto tiempo y reculan en este recurso. Visto lo que se ha visto uno tiene actualmente más fe en la vía judicial abierta por Ben Magec que en este partido político.

Al día siguiente de esta reunión se suscribió por una parte muy importante de personalidades destacadas de la política, la cultura y el medio ambiente una carta abierta en la que se pedía al PSOE un posicionamiento claro en contra del puerto de Granadilla, del catálogo de especies y del recurso de inconstitucionalidad de esta citada ley. Es triste que sea la ciudadanía la que le pida a un partido político, que al tiempo que hace reformas laborales que se basan el implementar el despido libre se resiste a quitarse la máscara de falso progresismo, que hagan lo que tienen que hacer por justicia y por deber: ser claros y tratar de imponer la soberanía de la ley y la justicia.

La confusión es tal que si con la suspensión cautelar de marzo de 2009 se sabía enseguida que la Autoridad Portuaria no le quedaba más remedio de detener las obras no se sabe qué van a hacer esta vez. Soberbia no les falta para desacatar al tribunal como no les faltó para enviar a un palista que no sabía muy bien qué hacer en las inmediaciones de la central eléctrica de Granadilla y donde se personó la alcaldesa de esta localidad con la policía local para pedir permisos de obra que no tenía el citado trabajador y que fue denunciado a la Guardia Civil.

Canarias no es más la tierra del banano. La ciudadanía no sólo se ha concienciado de manera enorme de su poder en estos años sino que se han desarrollado unas redes genuinamente pacíficas, pero efectivas, que son capaces de tumbar ilegalidades tan enormes como este puerto de Granadilla en el que, cada vez más, hay menos ganas de hacerlo aunque devotos como Rivero y Soria se llenen la boca de algo que, si tuvieran un poco de dignidad, lo mejor que harían es callar las declaraciones favorables que hacen a esta mal planteada infraestructura. Una vez más lo de que en Granadilla no hay puerto no puede ser más real.

Canarias 24 Horas, 2 de agosto de 2010.

Grupúsculos ecologistas del no a todo

Debo reconocer que informativamente el año 2009 empezó para mí el 2 de enero cuando tomándome un café cogí de la barra del bar un, raro ya, periódico de papel para echarle un vistazo mientras me tomaba esta bebida. La verdad es que el día primero del año no suele existir para nadie, este año no ha sido el caso del millón largo de palestinos que en la Franja de Gaza soportaban el asedio de los nazis judíos, porque, entre otras cosas, no hay prensa escrita aunque con Internet esto podría estar superado. El caso es que leí, primero con desgana, luego con asombro y finalmente con enojo, las declaraciones del eterno recién reelegido presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, Fepeco, Antonio Plasencia que en un comunicado oficial de esta asociación, recordemos que defiende los intereses de unos cuantos frente a la mayoría de los 2 millones de canarios residentes, acusaba a los políticos de tener miedo a los grupúsculos ecologistas del no a todo. Ante semejante desfachatez se me ocurrió un texto lleno de improperios para esta sección pero decidí redirigirlo hacia otra dirección no sólo porque a personajes como este Antonio Plasencia no merecen un gasto de energía de tal calibre que les haga publicidad gratis sino porque lo que este hombre llama, sin tener ni puta idea, grupúsculos ecologistas no están imputados en un fraude de centenares de millones de euros del calibre del pelotazo de Las Teresitas.

Sin duda el ecologismo es un sistema mucho más complejo que lo que nos han querido hacer ver por lo que el imputado Antonio Plasencia aprovecha la laxitud del término para restar importancia a los movimientos sociales y tratar de hacer ver que la gente que milita en la izquierda combativa somos todos unos locos. Ya en Canarias existe un personaje oscuro llamado Octavio Hernández que detenta un partido unipersonal llamado Los Verdes que ha servido para dividir el supuesto ecologismo de partidos políticos y que ha hecho mucho daño. Sin duda de lo que los ciudadanos canarios debemos estar orgullosos es que exista una asociación como Ben Magec Ecologistas en Acción que han venido a ocupar una forma de pensar la política que los tres partidos oficiales no tienen porque están atados a intereses muy particulares o que partidos como Sí Se Puede e Ipo que mediáticamente sólo existen para lo malo. Todavía debería estar sonando en la cabezas de sus señorías en el Parlamento de Canarias el discurso de Alberto Martín, un joven nacido con el Estatuto de Autonomía, cuando defendiendo una ILP a favor de una moratoria turística, que acabaría echando atrás el Parlamento, no sólo han sido las palabras más sabias que han sonado en esa cámara por mucho tiempo sino que les dio a todos una lección de buen hacer político y eso que este joven no cobra dietas como sí hacen los parlamentarios para cada acto que escape de la rutina. Conociendo como he conocido a supuestos revolucionarios de consola, esos que se dedican a rajar e intrigar delante de un teclado y que se amparan en el supuesto anonimato que propicia la red mientras ni comen ni dejan comer porque son unos irresponsables, la actitud de Ben Magec se manifiesta en la segunda parte del nombre de su organización: son personas en acción. Han sabido crear redes que están presentes en todas las islas y en muchas comarcas y que se mueven a nivel jurídico, social y cultural en toda Canarias. Suya es la ILP contra el puerto de Granadilla, la más reciente a favor de una moratoria turística, el contencioso que les salió a pagar las costas en el caso de Tindaya pero en el que siguen trabajando, la campaña para evitar la degradación en la catalogación de los sebadales canarios o la lucha para salvar los barrancos de Güímar y conseguir que ya no sean consideraos como suelo minero. Esta organización de estructura horizontal lleva presente en los medios todas las semanas desde hace unos meses porque han sabido dar la respuesta ciudadana a los males de Canarias y que partidos como PP, CC y PSOE no sólo no combaten sino que favorecen. Lo que hacen estas personas es actuar en positivos contra los poderes económicos instituidos que son los verdaderos garantes del no ya que ha mantenido para Canarias el sistema económico que es la causa de muchos de nuestros males.

Con mucha razón el ecologismo tiene mala prensa porque ha sido entendido de mala manera y porque se ha degradado en el sentido que todo se ha tratado de vestir de verde para parecer más amigable. Una petrolera saca una línea de combustibles verdes, cosa que por definición es imposible, y llega a un mercado que demanda soluciones de una mejor gestión ambiental pero que no se para a cuestionar cómo funcionan estas cosas. Un ecologismo serio debe ver los problemas como una red compleja de circunstancias que tienen que ver con una serie de relaciones sociales y económicas. Las ballenas no se extinguen porque los seres humanos sean propiamente malos sino porque hay una serie de decisiones políticas y económicas que provocan su extinción entre otras cosas. Ver las cosas de manera aislada es algo que ya han superado organizaciones como Ben Magec aunque desde el poder económico y político se las quiera acusar de eso para confundir aún más a la ciudadanía.

Decía Antonio Plasencia en una entrevista en 2003 en Canarias Ahora que el empresario serio es el que se dedica a trabajar aportando económicamente a todos los partidos porque ganando él dinero ganamos todos aunque pocos hayamos visto un céntimo del pelotazo de Las Teresitas. Una persona que piensa y actúa así demuestra más pertenecer a grupúsculos oscuros que los que denuncia como falsos y cojoneros ecologistas. No es sólo que este señor, cercano al caciquismo, denuncie como deleznables actitudes que tienen un verdadero trasfondo democrático porque la sociedad civil tiene el derecho y la obligación de organizarse políticamente para decidir el tipo de modelo económico y social que desean y que es el mejor para todas y todos sino que su actitud en las islas es una forma definitoria de estas gentes de ver la vida. Y es que cree el imputado que todo el mundo es de su misma condición.

Canarias 24 horas, 5 de enero de 2009

Observatorio ambiental de Granadilla

A la mentira en la política se la llama hoy estrategia de comunicación. Decía José Luis Rodríguez Zapatero que uno de los fallos más importantes de la anterior legislatura del PSOE se había dado, precisamente, en que no se supo comunicar bien las cosas que se hacían desde Moncloa a la ciudadanía. Aprendida la lección de la anterior legislatura parece que ahora este nuevo gobierno se esfuerza por activa y por pasiva en que la actual crisis económica, provocada por problemas en el sistema financiero a causa de las hipotecas basura norteamericanas y por la subida de los precios de la energía a causa del coste del petróleo que ronda los cien dólares el barril de referencia, sea simplemente una desaceleración. Si duda llamar a la crisis que estamos viviendo hace unos buenos meses así durante la campaña electoral era una clara estrategia electoral que, al tratar de mantenerla en la actualidad, no deja de ser un torpe esfuerzo por guardar, cuando menos, las apariencias. Un caso parecido ha sucedido con el derogado trasvase de agua de Tarragona a Barcelona, dicen que el PSOE gobierna de tal manera que en este caso hubiera sido mejor tener un meteorólogo que una ministra de infraestructuras, que inventaron todo tipo de eufemismos para evitar decir lo que en realidad es un movimiento de aguas de este tipo: un trasvase. Y es que a la ciudadanía no nos importa, porque estamos acostumbrados, que los políticos nos llamen gilipollas en toda la cara sino lo que nos molesta es el retintín con el que nos lo dicen. Y no hay que olvidar que el PP basó cuatro años de estrategia política en una mentira masiva consistente en negar la autoría de Al-Qaeda en los atentados de 11M para atribuírsela a ETA y así de caro les está saliendo el asunto.

En Canarias, aunque nuestros políticos sean tan simples como el mecanismo de un chupete, también existen este tipo de eufemismos y a un pelotazo de libro se lo llama pasar el frente de playa a dominio público o a una agencia medio ambiental encargada de legitimar el también pelotazo del puerto de Granadilla se le dice Observatorio Ambiental el cual habrá de vigilar, como si fuera cualquier cosa, todo la zona de la Macaronesia. A Antonio Machado, director de este despropósito ambiental, todavía se lo está esperando en el local de Ben Magec Ecologistas en Acción después del que el pasado 21 de mayo activistas de esta organización asistieran, con una pancarta, una conferencia de este biólogo sobre, casualmente, la biodiversidda y éste tratara de debatirles allí mismo.

En nuevo proyecto de puerto industrial de Granadilla es un disparate en toda regla que se burla de las normas fundamentales del intelecto humano. Qué alguien de la administración y de la Unión Europea explique cómo se puede declarar el proyecto de puerto industrial de primera necesidad social y económica tras reconocer el grave impacto ambiental que éste va a tener cuando la realidad, terca siempre, demuestra que el puerto de Santa Cruz está hoy en día muy por debajo de sus capacidades reales. Lo del trasplante de sebadales del LIC de Granadilla o lo del sistema de bombeo de arena, infraestructura que nunca se ha hecho en el mundo y que es la principal medida compensatoria a este puerto junto con la existencia de este Observatorio, no es sólo un disparate en toda regla sino una fórmula cosmética para imponer el proyecto. Estas medidas no se van a poder cumplir nunca.

El Observatorio Ambiental de Granadilla con la figura de Antonio Machado nace como una medida de impacto propagandístico del actual presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Rodríguez Zaragoza, para diluir la disparatada adjudicación de las obras del anterior presidente de esta autoridad, el imputado por cohecho Luis Suárez Trenor, a través de un crédito que habrá de dejar endeudada durante décadas a esta Autoridad. Uno de los adjudicatarios de estas obras, no es casualidad ya que en Canarias funcionan las cosas así, es el empresario de la construcción Antonio Plasencia que, tampoco es casualidad, se encuentra en el punto de mira como imputado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el pelotazo de Las Teresitas. Sabiendo cómo presumiblemente se adjudicó, junto con Ignacio González, la propiedad del frente de la playa de Las Teresitas quizás habría que paralizar la adjudicación de las obras de este puerto a este empresario por simple medida de precaución pero ya sabemos que en las islas las cosas se hacen a otro estilo.

Quienes conocen al biólogo Antonio Machado y me han habado de él coinciden en señalar que si bien es una persona muy válida lo pierde su vanidad. Quizá ha creído que este observatorio es un lugar a su medida para figurar pero parece que no se da cuenta en dónde se ha metido. Yo, que no me gusta ni el golf ni figurar ni mucho menos recomendar nada a nadie, le diría simplemente que siga practicando este deporte pues igual ahí puede llegar más lejos que como director de este despropósito hecho para dividir. De momento se ha ganado ser objeto de las críticas de los contrarios a esta infraestructura que es gente, todo lo contrario que el señor Machado suele clasificarlos, bastante cabal y que parten de hechos constatados para enfrentarse, con todas las armas que el sistema les otorga pues están en su derecho y deber, a esta desastrosa infraestructura. Antonio Machado ya tiene méritos de sobra para pasar a la posteridad con la creación, casi de la nada, del Patronato del Teide o con sus trabajos sobre la biodiversidad del escarabajo. Entrar a presidir este observatorio, no sé cómo evalúa él este tema, le va a significar un borrón grande en su carrera que puede que acabe empañando sus logros anteriores. De momento se ha ganando que una parte muy importante y preparada de la ciudadanía lo vean como un aliado de la mafia que mueve el piche y el cemento en las islas. Esto ya es motivo suficiente para verlo como un destructor de la biodiversidad que este proyecto va a provocar aunque ya sabemos que lo peor de este puerto es el gran impacto social y económico que va a producir. Por mucha vanidad creo que este biólogo no tiene necesidades, ni vitales ni económicas, de acabar en el punto de mira junto a los corruptos. Claro que cada uno sabe el sitio que, en cada momento, debe ocupar.

Canarias 24 Horas, 9 de junio de 2008.

Los 20.000 folios de Las Teresitas

El 3 de marzo de 2007 a los activistas de Ben Magec, en una bonita protesta que logró atraer a mucha gente, se les ocurrió colocar uno tras otro los folios con las miles de firmas de las personas que se mostraban en desacuerdo por la construcción del puerto industrial en las costas de Granadilla para unir de manera simbólica lo que se consideran los centros neurálgicos de poder culpables de este, si se llega a hacer, atentado social y medioambiental como es el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias y las sedes de los partidos PSOE, PP y CC que ya sabemos que la misma cosa es. Si a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la fiscal María Fernés y la magistrada Carla Bellini decidieran colocar uno tras otro los 20.000 folios, cuyo secreto se ha levantado parcialmente este martes 22, de la instrucción abierta por la venta del frente de La Playa de las Teresitas contra Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Ignacio González, Antonio Plasencia y varias personas más sin duda darían para, desde el ayuntamiento de Santa Cruz, ir a la sede central de Cajacanarias, los pisos donde se guardaba información de la operación en la calle del Pilar y puede que hasta sobraran unos cientos de hojas con lo que hacer barquitos de papel para que jueguen los niños en la playa.

Yo no me he leído todos esos folios, representan el equivalente a 20 veces la última edición sentada de El Quijote presentada en 2005 por la Real Academia como conmemoración del cuarto centenario de la primera edición de esta novela, y dudo que haya ser humano alguno que se lo haya hecho al completo. Lo que sí he podido leer, y no precisamente a través de la prensa tinerfeña adicta a ATI sino por la de Gran Canaria como cuando la gente se informaba de lo que pasaba en la España del dictador Franco a través de la BBC, son ciertas conclusiones que se han podido sacar de las declaraciones de los principales imputados en esta trama, presunta siempre, de corrupción.

Si estrenaran en el cine una película policiaca en la que aparecieran elementos como que un empresario le pide a uno de sus pringados trabajadores de Vultesa que haga de testaferro suyo en un negocio porque su nombre no puede aparecer, un abogado se levanta más de 100 millones de pesetas por hacer un papel de doble agente entre los afectados por la venta de un frente de playa y la administración que acabará comprando los terrenos mucho a un precio muy superior del normal de mercado, hay un alcalde que dice que se enteró por la prensa de muchas cuestiones que atañen a la administración o que no leía lo que firmaba porque se suponía que eso lo hacían los técnicos y que hayan facturas por la visita de unos arquitectos importantes que, un año antes de la concesión de las obras, fueron pagadas por empresarios a los que se les acabaría concediendo las obras puede que ni la iríamos a ver porque nos parecería un argumento tramposo, manido, previsible, burdo y hasta imposible. Esto es, precisamente, lo que en virtud a la instrucción de la que se ha levantado parcialmente el secreto del sumario hemos podido saber estos días gracias, como ha quedado dicho, a los medios de Gran Canaria y no como El Día, el periódico de mayor difusión en Tenerife, que ha tardado casi cinco números en empezar a comentar tímidamente este asunto en sus páginas.

Siempre con el debido respeto al trabajo que hacen los jueces y con la presunción de inocencia presente lo que hemos podido saber estos días sobre cómo se gestó la compra del frente de la playa de Las Teresitas responde simple y llanamente al nombre de trapicheo. Como estamos en campaña electoral ahora la policía se hará más presente en las calles, según sus mandos porque hay que reprimir el delito que siempre interesa que se perciba como algo superior a lo que es, cuando vemos que los verdaderos delincuentes se sientan en presidencias de empresas, tienen acceso a préstamos de alto riesgo que si todo les va bien obtienen un beneficio espectacular sin poner un céntimo de su bolsillo y todo bajo la atenta mirada de responsables políticos que en lugar de velar por lo público lo hacen por ciertos intereses privados.

Dicen que en Tenerife toda la corrupción conduce a Granadilla. Este otro pelotazo busca no sólo degradar social y ambientalmente estas cosas con la construcción de un puerto innecesario sino privatizar el de Santa Cruz con la construcción de centros comerciales, hoteles de lujo, marinas deportivas y demás instalaciones privadas. Que María Fermés y Carla Bellini hayan podido realizar la instrucción, seguramente que muchas veces con presiones, ha dependido de unas voluntades políticas bastante mínimas para que la institución de la Fiscalía Anticorrupción funcione. No he oído nunca un discurso político que se base en enaltecer la corrupción y decir que esta es necesaria para el sistema e imposible de combatir. Luego resulta que hay países como Rusia, Italia o a veces hasta España que sin ella su PIB no se puede explicar. Más bien los políticos dicen todo lo contrario, Zerolo llegó a decir que en CC tenemos las manos limpias y los bolsillos vacíos de corrupción, aunque cuando los corruptos están en sus filas miran para otro lado. Para estas elecciones lo mejor que pueden hacer los gobernantes es callarse la boca y cuando estén en posición de hacerlo aumentar los presupuestos para la persecución de delitos de corrupción que son de los más inmorales que un individuo pueda cometer. Lo demás ya vendrá solo.

Canarias 24 Horas, 29 de enero de 2008.

LEGITIMIDAD, ELECCIONES Y PUERTO EN GRANADILLA

Nunca en la historia de la autonomía de Canarias había habido un presidente de gobierno que representara menos a los casi 2 millones de residentes que hay en las islas y sí a una clase empresarial determinada, léase Antonio Plasencia o Luís Cobiellas, como lo ha hecho Adán Martín Menís durante estos 3 últimos años. Su mandato es fruto de su posicionamiento político al frente de su partido, de sus luchas interna, y de que recibió el voto de la mayoría en las últimas elecciones autonómicas. Este hecho, el que ganara las elecciones, no le da derecho a hacer lo que le dé la gana ni fue un cheque firmado en blanco que le dimos los ciudadanos. Las democracias modernas se han convertido en una pantomima, en unos procesos vacíos de contenido, en los que basta con que los electores depositen su voto en las urnas cada cierto tiempo y ya está. Luego se presupone que los políticos han recibido la confianza de la ciudadanía por un periodo determinado y así viene el olvido de ésta hasta que las nuevas elecciones. Entonces vienen las campañas mediáticas para convencer a los electores del voto. Campañas, por cierto, brutales en las que se usan todos los medios posibles y que cuestan mucho más de los que manejan los partidos. La toma de decisiones se hace de espaldas a los ciudadanos, no se debate nada y los únicos interlocutores válidos a los gobiernos son los grupos empresariales y los sectores financieros. A los ciudadanos se nos niega el derecho a la vida pública y al debate público de las decisiones. Las democracias, entonces, no son participativas sino solamente eso: pantomimas.

Adán Martín, e incluso Luís Soria, andan metidos ahora en atacar a los individuos y colectivos, ellos dicen los ecologistas pero podemos asegurar que la mayoría de las personas que estamos en contra del modelo económico que nos quieren imponer no somos estrictamente ecologistas, que estamos en contra de la construcción de un puerto industrial en Granadilla. En las últimas semanas el Defensor del Pueblo Europeo ha comenzado una investigación de oficio sobre sí las instituciones europeas están actuando de manera ética al no tener en cuenta las alternativas a las construcción del puerto en Granadilla que pasa por la ampliación de puerto de Santa Cruz. También ha sucedido que la Comisión Europea a mitad de enero estaba a punto de dar la aprobación a la construcción del puerto en Granadilla y que ha suspendido dicha decisión sine die. Tanto Martín como Soria son cargos públicos que cobran su sueldo del dinero que todos los ciudadanos pagamos en los impuestos y están ahí para servirnos y rendirnos cuentas por sus acciones. Se nos deben a nosotros y ya ha pasado el tiempo en el que los gobernantes tenías sus súbditos. Por eso que hayan dicho ahora que los opositores al puerto no tenemos ninguna legitimidad porque no tenemos representación parlamentaria es de risa y de vergüenza ajena. La Constitución Española de 1978 en su Artículo 23.1 dice “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. (El subrayado es nuestro) Está claro que a un mandado de la burguesía caciquil tinerfeña y a un heredero del fascio franquista las palabras Constitución, Derecho y Participación Ciudadana se les atragantan en la boca porque les resultan muy anchas. Así también se atragantó en el parlamento de Canarias la Iniciativa Legislativa Popular entregada en abril de 2004 de 56.087 firmas, cuando para una iniciativa de este tipo son suficientes 15.000, que se recogieron para que las costas y el entorno de Granadilla fueran protegidos ya que no solo no se discutió en el parlamento sino que ni siquiera fueron admitidas a trámite. Muchas veces han sido las que, desde las plataformas opositoras al puerto, se les ha dicho a sus defensores que hagan un debate sobre el tema en las televisiones públicas y nunca han tomado siquiera en consideración dicho debate. Tienen miedo porque saben que las razones que esgrimen a favor del puerto no aguantan siquiera la inteligencia de un niño de 6 años.

La construcción de un puerto en Granadilla no es una infraestructura necesaria para el desarrollo económico de Tenerife ni mucho menos para el de Canarias como el presidente ahora mismo está diciendo de una manera exagerada y patética. La construcción del puerto en Granadilla es necesaria para que una clase político empresarial, que no representa a nadie más que a sus propios intereses económicos y que son una auténtica minoría, dé el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Canarias y salgan de allí con las manos muy llenas de dinero mientras a la mayoría de la población se nos deteriora el medio ambiente y se reduce nuestra calidad de vida. Lo que se quiera decir de beneficios para la sociedad de dicho puerto son vulgares mentiras. Todos hemos oído de que testaferros y sociedades terceras han estado comprando terrenos en la zona donde se quiere construir el puerto a muy bajo precio. Son operaciones opacas y no hay prueba de ellas pero la fiscalía anti corrupción podría abrir una investigación de oficio. No se entiende como en la provincia de Gran Canaria están saltando a la luz pública tramas de corrupción y en la provincia de Tenerife, donde la percepción de la corrupción es, sin duda, mayor aún no ha saltado ninguna.

Los colectivos e individuos que estamos en contra de esta infraestructura estamos casi agotando todas las vías que el estado de derecho da a los ciudadanos para protestar contra decisiones injustas. Estamos en la disyuntiva que tanto desde las instituciones canarias como de las del estado español se nos ha inorado de una manera descarada y que las únicas vías que nos quedan están en las de europea. No somos una minoría sino que cada día somos más. En un momento histórico para los movimientos sociales en Canarias se han tejido redes sociales perfectamente posibilitadas para dar una respuesta ciudadana contundente a cualquier cosa contraria al derecho que ocurra en las islas. Nos hemos movido y nos moveremos siempre dentro de la legalidad pero que no quepa la menor duda que si hace intenta hacer ese puerto vamos a llegar hasta la desobediencia civil. Nos plantaremos delante de las máquinas y nos subiremos a sus barcos el día que empiecen las obras, si finalmente empiezan, porque es cuestión de justicia y de dignidad.

Canarias Digital, 27 de febrero de 2006.