Julián Lanzarote, alcalde de Salamanca por el Partido Popular, es el prototipo de dirigente autoritario que sale a la superficie a poco que se rasque en aquel partido de profundas raíces franquistas y dirigido por la más rancia ultraderecha española. El caso es que Julián carece de complejos, parece como que se la sopla lo que le puedan decir sus asesores, y de esta manera vive y manda en esta ciudad. Y vale que si gobierna es porque los ciudadanos, de una manera o de otra, lo han querido porque han votado por él pero esto no lo faculta para tomar las decisiones autoritarias que ha tomado respecto a la impopular e injusta subida de impuestos municipales en Salamanca. En el próximo año cada ciudadano de media va a pagar unos 225 euros más a las arcas municipales mientras la oposición y las organizaciones vecinales le acusan de haber perdonado deudas de más de 20 millones de euros a empresarios beneficiados por el consistorio. Precisamente han sido estas organizaciones las que han denunciado las amenazas de este alcalde para quitar las subvenciones que reciben, sobre los 1200 euros al mes, si no se hacen más dóciles. Manifestaciones en la Plaza Mayor de Salamanca de hasta 30 mil personas han aparecido en primera plana en los medios de comunicación nacionales. Los medios de Prisa, cercanos o a veces confundidos con el PSOE, han hecho sinergia con esta noticia para criticar, justamente en este caso, al Partido Popular.
En Canarias de cacicadas y gestos autoritarios de este tipo estamos más que sobrados. Y es que Julián Lanzarote es un aprendiz al lado de personajes como Miguel Zerolo, Ricardo Melchior, Ana Oramas, Macario Benítez, Pedro Martín alcalde de Guía de Isora, Casimiro Curbelo, José Manuel Soria, Domingo González Arroyo Marqués de La Oliva o Willy García graduado en la universidad de la vida. Cada una de estas personas daría, desde un punto de vista mediático, mucho para hablar si en Canarias, pero también desde los medios de comunicación nacionales, se decidieran tomar lo que hacen éstos en serio. Y es que la marginación de nuestra autonomía no se haya por ser una región ultraperiférica, como bien gusta a nuestros políticos hacer creer a Europa para acaparar subvenciones, sino ante los medios de comunicación y la Fiscalía Anticorrupción que no hablan ni investigan lo que deben.
Nunca una infraestructura había tenido una contestación social a nivel nacional y europeo tan grande y sostenida en el tiempo, con cuatro manifestaciones en las que en una se ha llegado a rozar las cien mil personas y con una media de casi 50 mil entre las cuatro, como el ambiental y socialmente devastador puerto de Granadilla. Nunca, tampoco, un movimiento social tan importante había sido marginado de los medios de comunicación como lo ha sido este. Y no es que sólo una manifestación de casi cien mil personas haya sido recogida en un medio como El País con una breve reseña en una esquina de página sino que en los medios canarios, como el grupo mediático El Día, ha sido puesta en duda la legitimidad de los ciudadanos democráticamente organizados para discrepar contra esta nefasta infraestructura cuando no hemos sido vilmente insultados. Sin duda los medios de esta calaña actúan de correa de transmisión de Coalición Canaria y los empresarios afines a este partido pseudo nacionalista y oportunista.
Parece ser que las obras de este puerto están a punto de empezar. Estas van a significar un grave atentado social, ambiental y democrático a una de las zonas más bellas y singulares de la isla de Tenerife. Es de justicia decir que los responsables máximos de que esta obra innecesaria se lleve a cabo son los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, empezando por la fatal Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona que en la oposición se mostraba contraria al proyecto pero que desde que es ministra ha callado como sólo lo hacen los culpables, que en estos siete años han intentado quedar bien con todos pero que hoy en día se presentan como los responsables máximos de que esta brutalidad se ponga en marcha. Dicen que no conviene revolver en Granadilla y que lo que se puede encontrar allí podría revolucionar toda la vida política del archipiélago y de ellos, sin duda, debe saber mucho el antiguo alcalde de Granadilla de Abona, ahora en la oposición, Jaime González Cejas. El PSOE en la situación actual de este puerto es el que hubiera podido detener las obras pero ha girado la cabeza hacia los que miran con interés puramente particular la ejecución de esta infraestructura. Ellos serán los responsables máximos, que lo sepan los ciudadanos, de la degradación que esta obra va a suponer si es que de verdad se lleva a cabo.
La desobediencia civil, siempre como última posibilidad de respuesta, no es sólo legítima sino necesaria en los casos que desde el poder se secuestra la democracia ciudadana, se miente sobre las verdaderas razones, se falsean las auténticas intenciones y se huye, como ha sido este caso, del debate. Sin duda la ciudadanía sigue teniendo la última palabra de lo que se puede hacer en Granadilla en estos días. Y eso será así en Canarias o en Salamanca.
Canarias 24 Horas, 31 de diciembre de 2007.