27 octubre 2008

Leyes, territorio y despropósitos socioambientales en Canarias

Que un grupo de ciudadanos sea capaz de anticiparse positivamente a los que se dicen profesionales de la política que están a sueldo del legislativo para, supuestamente, representar a la sociedad, aunque luego lo que hacen es representar otro tipo más oscuro de intereses, no es algo que pase todos los días. Y no porque la mayoría de los ciudadanos honrados demuestren siempre estar más preparados que quiénes nos gobiernan, al margen dejo aquellas supuestas organizaciones muchas veces unipersonales que son fanáticas de la intriga y que se dedican a enmierdarlo todo poniendo en solfa la unidad de la izquierda por pura falta de responsabilidad y/o afán de protagonismo mientras se agazapan en el aparente anonimato que la red propicia, sino porque pocas son las oportunidades que las instituciones dejan para la auténtica democracia que es la de la participación ciudadana. Un trabajo duro que ha realizado mucha gente anónima, me consta lo que digo porque los he visto trabajar, han sido las dos últimas Iniciativas Legislativas Populares promovidas por Ben Magec Ecologistas en Acción contra la construcción del Puerto de Granadilla, recogidas más de 56 mil firmas, o la de crecimiento turístico cero, hay más de 40 mil firmas válidas, y que por primera vez en la historia de la autonomía se desarrolló a la vez en todas las Islas Canarias. La de Granadilla fue rechazada y despreciada vilmente por un Parlamento que aunque pueda tener toda la legitimidad que les dé la gana casi nunca ha tenido la más mínima autoridad moral y la de moratoria turística está siendo frenada por la Ley de Medidas Urgentes más conocida como Ley Berriel.
Las diferencias entre la Iniciativa Legislativa Popular y la Ley de Medidas Urgentes no sólo es abismal sino que parece mentira que las dos se refieran a la misma cosa. Mientras que la ILP aboga por un turismo de calidad limitando el crecimiento de la planta tradicional, rechaza las construcciones de nuevas camas con carácter excepcional ligadas a los campos de golf y permite la creación de plantas rurales en establecimientos de este carácter rehabilitados al efecto la Ley Berriel legaliza el secular trapicheo en el que tan cómodos se han sentido durante décadas los políticos, caciques y la gran parte del empresariado canario. Con esta ley salvo aquellos lugares del territorio protegidos expesamente, parece que de momento, todo terreno pasa a tener carácter urbano o a tener posibilidades de ello. Se crea un sistema de permutas de suelo entre los empresarios si se hacen públicas determinadas zonas, se permite la construcción de hoteles escuela durante cinco años con una regulación muy difusa y que incita a la especulación y se establecen unos criterios muy latos para la permuta de camas alojativas según la calificación en estrellas del hotel en cuestión.
Pocas cosas ha conseguido este triste gobierno de Paulino Rivero en encontrar la práctica unanimidad como esta Ley Berriel protestada desde amplios sectores económicos y sociales del archipiélago salvo, claro está, los constructores de las islas estilo Antonio Plasencia que, de una vez por todas, deberían sentarse a gobernar y no hacerlo mediante intermediarios. Y es que hace un año el presidente Rivero simuló un giro más hacia lo rural de sus raíces en contra de perfil del anterior gobierno de Adán Martín completamente inclinado hacia la construcción que le ha durado poco. La disposición de cualquier gobierno de ATI que ha existido es satisfacer siempre a una maraña difusa de intereses que tienen detrás y que siempre han tenido muchos reparos con Rivero porque lo consideran un beillo muy lejano a la jet chicharrera representada por impresentables como Melchior o Martín. La dimisión esta semana de Faustino García Márquez, ex director de la Agencia Canarias de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático creada ad hoc por Rivero como política cosmética de que su gobierno iba a tomar otra orientación, ha significado una demostración tangible de que el gobierno canario es una tapadera para favorecer a determinados núcleos empresariales. García Márquez, padre de la actual ley de moratoria turística burlada durante años por sucesivas regulaciones dispuestas a burlarla, ha declarado que su renuncia al cargo se enmarcaba con una visión contraria a la Ley Berriel. También añadió que le parecía mucho mejor la ILP propuesta por Ben Magec.
Que Berriel esté a cargo de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial es un insulto no sólo porque su gabinete esté a años luz de la debida protección del medio ambiente y que su leyes signifique otro tipo de orden del territorio sino porque le recordamos en aquel trapicheo entre el empresario Santana Cazorla y Adán Martín cuando las escuchas del caso Anfi Tauro y el qué hay de lo tuyo que le dijo al empresario con afán de intermediar con el ex presidente. Ahora la Viceconsejería de Medio Ambiente se enfrenta a nada menos que la descalificación como especie protegida de las sebas del entorno de la zona donde se quiere construir el puerto de Granadilla, en una antología más del disparate, por parte de la Autoridad Portuaria. Antonio Machado, presidente a dedo de la pantomima del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, ha declarado que aunque dejara de existir este espacio, que son alrededor de cuatro kilómetros cuadrados, la población total de sebas de Canarias no se vería afectada pues suman un total de 400 kilómetros cuadrados. También se sabe que con él o sin él los sin vergüenzas que llevan muchos años tras la construcción del puerto de Granadilla van a tratar de salirse con la suya y que su puesto, por muy rimbombante que suene, no es necesario sino para dotar de una apariencia de legalidad la mayor agresión a la costa en el territorio de la Unión Europea en muchos años por lo que sería de alabar que su actitud fuera la mitad de digna que la de Faustino García Márquez y abandonar la presidencia del Observatorio del puerto pues, nos consta, que para sus cualificaciones como biólogo esta presidencia va a significar una verdadera mancha.
Aunque infames iluminados como José María Aznar se empeñen en negar el cambio climático y editen libros absurdamente negacionistas como Planeta Azul no Verde del presidente checo Vaclav Klaus esto no viene sino a confirmar que el cambio climático es algo que está ahí y que en gran medida el ser humano es el causante acelerado de este proceso que a veces parece irreversible pero que otras se exageran sus consecuencias. El caso es que las posibles soluciones al cambio climático impiden a las grandes multinacionales actuar ambientalmente con la impunidad que han tenido siempre y ahora, con la actual crisis que significa un fracaso del modelo depredador capitalista, se están tratando de dejar atrás acuerdos más bien de mínimos con el de Kyoto. Y es que el sistema es tan ilógico que con un muy pequeño porcentaje que los estados, dinero que viene directamente de los ciudadanos, están inyectando en al infectada banca internacional afectada por el virus de las subprime daría para eliminar completamente la pobreza de la faz de la Tierra. En esta crisis ya estamos oyendo voces que claman para que se dejen de tener en cuenta los factores ambientales y de erradicación de la pobreza para salir de ella aunque en los próximos años vayan a morir millones de personas. Recordemos que en Canarias nuestros políticos son especialistas en aplicar este tipo de discursos, aunque de verdad no sepan de qué están hablando, y me apuesto que dentro de poco empezarán a aplicarlo a las islas con todas las malas consecuencias que pueda tener sobre la presión del territorio ya que el modelo económico de las islas es obsoleto y necesita de mucho territorio virgen, que apenas queda, para prosperar. Ojalá, me hago eco de lo que mucha gente dice, nos gobernaran ciudadanos con las capacidades y el talante de muchos miembros de Ben Magec Ecologistas en Acción.
Canarias 24 Horas, 27 de octubre de 2008.

20 octubre 2008

De los presupuestos y del tomate


Siempre es una etapa agitada de toda legislatura estos meses en los que se deben cerrar los Presupuestos Generales para el año siguiente pero que en este el tema se ha cobrado más resonancia por las dificultades de última hora para cerrarlos en un ambiente de crisis financiera y económica muy complicado. A Zapatero habría que recomendarle que leyera medios alternativos como Le Monde Diplomatique, este mes en su editorial Ignacio Ramonet señala que los efectos de este septiembre negro los estaba vaticinando su publicación desde hace años, pues con eso de negar la crisis primero por intereses electorales y luego por ser coherente hasta la náusea con lo dicho, aunque estuviera mal, ha dejando a muchísima gente en un momento muy complicado con el culo al aire. Dice Ramonet en este artículo, en un ataque de optimismo, que esta forma negativa de hacer capitalismo, la especulación financiera pura y dura sin ningún tipo de intervención, va a dejar de existir a causa de este proceso de crisis aunque yo creo que para el futuro lo que pasará es que se sofisticarán las estrategias contables para escapar a las nuevas formas reguladoras que se puedan poner al mercado y los especuladores. El caso es que el viernes se salvaban los presupuestos de 2009 porque PNV y UPN no presentaban una enmienda a la totalidad mal que le pese a Coalición Canaria que ha hecho mucha demagogia y su razón de ser con este asunto desde que acabó el verano.
Hablar de los Presupuestos Generales del Estado, antes teníamos la imagen del ministro de turno mientras se descargaban cientos de cajas de una furgoneta en el Congreso y ahora vemos cómo hace entrega de éstos en una unidad USB de memoria, es algo bastante complicado así en frío. Lo que suelo hacer cuando no sé de algo es informarme o preguntar, cómo ha sido en este caso, que uno también tiene su Garganta Profunda por algún lado. El caso es que analizando los presupuestos de estos últimos años tenemos que los de 2008 han sido, en términos absolutos, los más favorables para la historia de Canarias. Estos de 2009 son más bajos, decía Luís Ángel Rojo en El País que son bastantes restrictivos, pero si sumamos los convenios que el Estado tiene suscritos con Canarias para financiar infraestructuras y demás son superiores que los de 2007. Además estos presupuestos de 2009 y los de 2008 analizados acaban siendo siempre más favorables que cualquiera del periodo 1996 a 2004 para las islas cuando gobernaba el PP. Ahora Paulino Rivero se ha vuelto una plañidera de los impuestos y de no sé qué deterioro para Canarias cuando los años que vivió en Madrid y era diputado de Coalición Canaria mientras gobernaba con el PP no se le conoció crítica alguna sino que, seguramente, vivía a todo nivel allí con los impuestos que pagamos los canarios para que fuera diputado.
Es una estrategia muy tristemente canaria esa de echar la culpa de nuestros males al ente abstracto de los de fuera cuando a veces nadie es capaz de cargar con sus responsabilidades y culpas aquí mismo. Para ocultar las cosas que hacemos mal están los godos, los canariones, ahora los inmigrantes (sólo los de países pobres porque los comunitarios que suelen crean más presión negativa sobre el territorio tienen dinero) y si algún día se encuentra vida en otro planeta se les echará la culpa a los extraterrestres. Desde hace más de tres décadas Canarias tiene un autogobierno y una batería de competencias como nunca antes había tenido en sus historia, sanidad, carreteras, educación o cultura, y no es casualidad que éstas se estén gestionando tan mal que, en cierto sentido, habría que revisar y retirar competencias pues con el mal hacer autonómico han puesto a las islas y a casi medio millón de ciudadanos en muy mala posición.
Y es que en aproximadamente tres ejercicios presupuestarios, durante dos gobiernos distintos de Coalición Canaria, se han permitido el lujo de devolver alrededor de 900 millones de euros en presupuestos finalistas, esos que entrañan una justificación plena de los gastos y una sólida memoria económica para el fin que están previstos, las distintas consejerías como sanidad o educación por dejaciones en sus funciones o falta de consecución de los plazos administrativos requeridos a la administración central según fuentes periodísticas que ahora serían muy complicado citar. Está claro que a veces no es la cantidad de dinero que se disponga en bruto, son casi 300 millones por año los que se han perdido en Canarias o lo que es lo mismo el 14 por ciento de los 6 mil millones que se presupuestan para las islas, sino la capacidad de gestionar el dinero eficientemente lo que necesita el ciudadano. Cuando vemos que todas las administraciones al empezar una legislatura, sobre todo las de Coalición Canaria, aumentan descaradamente el personal de confianza para enchufar a sus allegados, en el caso de Paulino lo hace con allegadas muy cercanas que pasan del ayuntamiento de La Laguna al de Santa Cruz, y luego no tienen a nadie capaz de administrar este tipo de presupuestos el tema es para organizar un escándalo pero como siempre en estas tierras estas cosas pasan inadvertidas. Hasta donde les dejemos hacer ellos harán porque han gestionado las islas como una República Bananera cosa que seguirá siendo por mucho tiempo como les dejemos seguir.
Y hablando de agricultura, en las islas se van perder para el sector del tomate unas ayudas de la Unión Europea de aproximadamente 10 millones de euros. El caso es que los requisitos que pide a los agricultores la administración canaria son tan complicados, a veces tienen que justificar requisitos inexistentes, que va a ser imposible que los agricultores cumplan los plazos por lo que ese dinero se va a tener que devolver casi en su integridad. Siempre me ha hecho gracia el pirado de turno que busca la ocasión para tirar una tarta a la cara a personalidades como Billy Gates o Sarkozy durante una rueda de prensa. Si hay excedente tomatero este año antes que tirarlo por los barrancos se debería repartir entre los ciudadanos de canarias. Si les digo nombres como James Cayne, Martin Sullivan, Stanley O’Neal o Charles Price pueden pensar que estoy hablando, por el contexto, de mafiosos de la serie The Sopranos pero no son más que especuladores causantes de la actual crisis económica que a toda contra salieron beneficiados con cientos de millones de dólares de todo este proceso en lugar de ir a la cárcel y a los que no le daría mis ahorros porque los perdería. Si les digo nombres como Paulino Rivero, Milagros Luis Brito, Pedro Rodríguez Zaragoza, Miguel Ruano, Domingo Berriel conocerán enseguida de quiénes hablo y para los que no habría de confiar un céntimo de los presupuestos públicos cosa que desgraciadamente sucede. Para estos, y también para los primeros, propongo un tomatazo con el que indicar el suspenso de personajes parásitos y vividores. El imputado vicepresidente y consejero de economía Soria lo dejamos, de momento, fuera de ésta porque lo suyo con la justicia va a tener tomate y es que, al final, nos van a faltar estas hortalizas.
Canarias 24 Horas, 20 de octubre de 2008.

13 octubre 2008

Coincidencias en torno a Cho Vito



Fotos cedidas por Arriba los que Luchan
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Nunca pensé que iba a coincidir con Mariano Rajoy en una cosa fundamental y es que, en efecto, el desfile militar del 12 de octubre, que celebra el genocidio sobre los pueblos indígenas de América, es un absoluto coñazo. Tampoco que iba a pasarme lo mismo con George Bush cuando afirmó este sábado pasado que la actual crisis financiera y económica es un problema global y como tal hay que actuar para salir de ella. Hasta aquí llega mi coincidencia con estos seres pusilánimes que representa la ultraderecha más feroz que ha conocido la humanidad y que afirman estas rotundas verdades el uno a micrófono abierto y el otro sin saber que había uno en tal estado. Lo que sí podría ser un verdadero coñazo, si no fuera por la gravedad del asunto, es la continuada saturación informativa de esta crisis económica que no deja de sorprendernos cada minuto y donde la acumulación de nuevas informaciones más increíbles que la anterior nos ha hecho perder la perspectiva de qué ha causado lo que está pasando. La globalidad de la crisis se debe a lo podridas que están instituciones como el FMI y al nulo control político de las transacciones y operaciones financieras que han hecho de carácter planetario una crisis que en principio pusieron en marcha una serie de especuladores norteamericanos al dar hipotecas a personas que no las iban a poder pagar. No sé si es mejor ir, como el imputado por cohecho vicepresidente Soria hiciera cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria, a pescar salmón invitado por algún empresario noruego o seguir este despiste mediático que un día tras otro oculta realidades más cercanas.
Y es que en las costas canarias no se puede pescar salmón porque este es un pez de río pero sí que se da mucha especulación e irregularidades de las que el señor Soria quizá tuviera mucho que contar si no se empeñara en defenderse diciendo que a él no le han imputado, todavía habría que añadir irónicamente, por tráfico de armas o de drogas. Este martes 7 de octubre en la localidad costera de Cho Vito se cumplió la ley con el brutal y desproporcionado desalojo de los habitantes de esta barriada costera por tierra, mar y aire que ocupaban, desde hace muchos años, una zona pública al estar sus casas a menos de 50 metros del dominio marítimo terrestre. Lejos de alegrarnos porque la ley se haya cumplido, cosa que no pasa muy a menudo, somos muchísimas las personas que pensamos que ese día es uno para estar tristes por haber sentido tal infamia. Como siempre en este archipiélago los poderosos se suelen salir con la suya y es hacia las clases más populares contra las que se carga todo el peso de la ley. No hay más que darse una vuelta por la zona, o mirar desde una plataforma digital de mapas como Google Earth, para comprobar cómo toda esa franja costera está ocupada por industria, chalés y piscinas privadas y nadie ha ido a aplicar la ley de costas y, es más, parece seguro que no se vaya a aplicar nunca en estos lugares.
Desde los propios vecinos afectados y la organización Justicia y Sociedad se ha denunciado estos días que los intereses del derribo del poblado de Cho Vito se ocultan no sólo en la urbanización de los terrenos que están detrás de este antiguo poblado, que pertenecen a Antonio Plasencia, sino que el PIOT contempla un puerto deportivo utilizando la bahía natural en la que está ubicada la central eléctrica de Las Caletillas cuando ésta se desmantele. Esto no es otra cosa sino un completo pelotazo, actitud que es básica para entender la política que se hace en Canarias desde la llegada de la autonomía en 1982 y que considera las costas de las islas como el auténtico oro del archipiélago.
Ya sabemos la actitud cobarde del PSOE, de la Dirección General de Costas que controla este partido y del alcalde socialista de Candelaria José Gumersindo García que abandonó a sus vecinos, pero sería injusto dejarlos solos ante este pisoteo de hasta derechos fundamentales de los individuos cuando sabemos que en Canarias la cosa se configura con un trile cuyas otras dos patas son el PP y CC. De miserable se podría calificar la actitud de Coalición Canaria, uno de los que vendió ICAN a la ultraderecha de ATI como el Consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife Wladimiro Rodríguez Brito tuvo la poca vergüenza de acudir a una concentración ciudadana, cuando ellos se han vendido al poder empresarial canario y llevan años instigando para el derribo de este poblado porque seguramente les favorece de alguna forma. Sólo hay que mirar el BOC del 8 de marzo de 1998 en el que Antonio Castro Cordobés como Consejero de Obras Públicas firmaba un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para ciertas actuaciones en las costas que ya comprendían el derribo de Cho Vito.
La Dirección General de Costas se defiende diciendo que la demolición de este poblado se enmarca en una política aplicación férrea de la ley de costas de 1988 cuando en realidad la gente tiene la impresión de que su aplicación, en este caso, ha sido algo completamente arbitrario. Esta dirección general dice que tiene catalogados en el archipiélago 1583 puntos conflictivos a los que desde aquí retamos a resolver de la misma forma que se ha llevado a cabo la de Cho Vito. Quien haga un poco de números se da cuenta enseguida que para resolver estos expedientes se necesita un presupuesto, que sin saber cuál es el actual de esta dirección general, no habrá de dar abasto nunca no sólo llevando las ejecuciones físicamente a cabo sino simplemente con el gasto de personal y papeleo que, debiendo guardar las garantías jurídicas de los ciudadanos, es necesario para estos casos. Mejor esta Dirección General se concentrara en impedir el mayor impacto a la costa de los países de la Unión Europea como es la construcción del devastador puerto de Granadilla y evitar que la empresa GASCAN y sus accionistas den el pelotazo del gas natural licuado en Gran Canaria y Tenerife con la construcción de las plantas regasificadoras de Agüimes y Granadilla.
Hay muchas coincidencias y circunstancias extrañas en este legal pero inmoral derribo del poblado de Cho Vito que ha resultado mediáticamente oscurecido por las cuatro semanas de informaciones de vértigo referentes a la crisis. Qué más iba a pasar que no nos enteráramos en Canarias donde el cohecho está a la orden del día y la pesca del salmón fuera de nuestro archipiélago está especialmente promocionada entre los altos cargos canarios. En las islas, frente a otros territorios decentes, el grado de imputación de un alto cargo en un presunto delito sirve para perpetuar alcaldes en un ayuntamiento o promocionar a diputados a la vicepresidencia autonómica. Y los habitantes de Cho Vito y los ciudadanos que con nuestros impuestos habremos de pagar este tipo de actuaciones somos un cero a la izquierda que sólo valemos para votar cada cuatro años.
Canarias 24 Horas, 13 de octubre de 2008.

06 octubre 2008

Corrupción a toda costa


Que la corrupción nos parezca invisible porque desde los medios de comunicación nos han enseñado a no verla, algo así como cuando una madre dice que su hijo adolescente no se droga sino que si llega tarde por la noche y vomitando es porque le sentó mal la hamburguesa, no quiere decir que no podamos enunciarla. Uno de sus signos evidentes, no el único pero sí el más palpable, es el alarmante deterioro ambiental que han experimentado regiones como Canarias en las últimas dos décadas. A pesar de todo ello las islas son, probablemente del conjunto de las comunidades autónomas del país, las que más leyes ambientales y de protección de su territorio cuentan. El caso es que una ley puede estar muy bien en el texto pero si la administración no se preocupa de aportar una sólida memoria económica para ponerla en marcha ésta se quedan en papel mojado y no sirve sino para indicar el deterioro de la calidad democrática como sucede la mayoría de las veces en Canarias. Y es que en el archipiélago el mayor infractor ambiental existente no es otro sino la propia administración que en palabras del Informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias de 2001 señala que la administración se financia del urbanismo porque las arcas públicas están vacías a causa de la corrupción o bien, en el mejor de los casos, por mala gestión o despilfarro de los cargos públicos.

El barrio costero de Chovito mantiene una lucha con la Dirección General de Costas desde hace unos años contra el derribo de sus casas que, en seis de sus casos, son única residencia de sus moradores. Es cierto que este poblado de origen marinero es una ilegalidad según las leyes pero no es menos cierto que en las islas, pensemos en el mamotreto de Las Teresitas construido pese a una suspensión judicial de las obras de la urbanización de esta playa o que la mayoría de los hoteles de nueva planta de Lanzarote son ilegales, hay infracciones mayores y más graves. Parece que esta dirección general tiene abiertos 1583 expedientes de infracción en todo el archipiélago y para dar un giro al pasotismo ambiental de muchos años ha decidido empezar precisamente a derribar Chovito que, pese a ser ilegal, se ha acabado convirtiendo en símbolo de un buen número de luchas sociales en la isla de Tenerife. Quizá el hecho de que el empresario canario Antonio Plasencia vaya a construir una urbanización justo detrás de este poblado, donde el ayuntamiento de Candelaria quiere hacer uno de esos famosos paseos marítimos que no van a ningún lado sino que sirven para justificar la especulación desde la administración, pueda tener mucho que ver con la decisión de la Dirección General de Costas. Y es que ya vimos este verano, en un programa estúpido de esa televisión pirata que ha montado el PSOE llamada La Sexta, como su director general José Fernández se lo montaba con una construcción ilegal en el litoral de Radazul de un familiar suyo.

Hace pocas semanas la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias Rita Martín decía que su organismo iba a buscar la manera de forzar la legalidad para que los hoteles de Lanzarote que han sido declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puedan seguir existiendo a pesar de que son, efectivamente, ilegales. Justamente su antecesor en el cargo en la anterior legislatura, Domingo Berriel, también intermediaba entre el empresario gran canario Santiago Santana Cazorla y el entonces presidente del gobierno Adán Martín para que fuera modificada la ley e incluir su proyecto de hotel Anfi Tauro como excepción a la moratoria turística de vigor desde hace ya algunos años. Precisamente desde esta misma Consejería de Medio Ambiente fue donde se dieron aquellos movimientos para condenar al ostracismo a una serie de funcionarios honestos que se negaban a firmar el disparatado estudio de impacto del Puerto de Granadilla que intentaba justificar con mentiras este brutal proyecto. Que la administración, principal infractora ambiental, quiera tirar el poblado de Chovito al mismo tiempo que se respeta el mamotreto de Las Teresitas, símbolo de la corrupción del alcalde Miguel Zerolo en el ayuntamiento de Santa Cruz, no hace otra cosa sino escenificar el ambiente de baja calidad democrática que se respira en las islas con decisiones arbitrarias e incontestables como estas donde los poderosos son capaces de forzar la legalidad a sabiendas pues conocen que a la larga se van a poder salir con la suya a causa de la lentitud de la justicia y la podredumbre de la administración.

La Dirección General de Costas está en manos del Gobierno de España y muchas quejas que se han hecho desde determinados sectores ático nacionalsocialistas han sido que sus decisiones nada populares pasan porque las competencias de costas de las islas deberían estar en la comunidad autónoma. Viendo lo mal que se gestionan desde hace muchos años las competencias que tiene canarias como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la futura ley de Parques Nacionales en la que nos acabaremos por ver parques de atracciones de ATI en las faldas de Teide siempre he dicho que Canarias en lugar de recibir competencias las debería de perder porque es mejor que determinadas competencias que afectan a lo social y a la calidad de vida se gestionen desde fuera que dentro de este nido de víboras que es la política canaria. No creo que el principal problema de costas esté referido a la gestión de las competencias sino que es un reflejo de la mala calidad de la democracia en la que la ciudadanía se limita a depositar un voto ceremonialmente una vez cada cuatro años y cuando ésta se organiza democráticamente para reivindicar sus derechos es insultada con epítetos como anti sistema o terroristas sociales por gente que, en el mejor de los casos, es incompetente y cumplen los dictados de los empresarios o, en el peor, son directamente corruptos.
Canarias 24 Horas, 6 de octubre de 2008.