06 octubre 2008

Corrupción a toda costa


Que la corrupción nos parezca invisible porque desde los medios de comunicación nos han enseñado a no verla, algo así como cuando una madre dice que su hijo adolescente no se droga sino que si llega tarde por la noche y vomitando es porque le sentó mal la hamburguesa, no quiere decir que no podamos enunciarla. Uno de sus signos evidentes, no el único pero sí el más palpable, es el alarmante deterioro ambiental que han experimentado regiones como Canarias en las últimas dos décadas. A pesar de todo ello las islas son, probablemente del conjunto de las comunidades autónomas del país, las que más leyes ambientales y de protección de su territorio cuentan. El caso es que una ley puede estar muy bien en el texto pero si la administración no se preocupa de aportar una sólida memoria económica para ponerla en marcha ésta se quedan en papel mojado y no sirve sino para indicar el deterioro de la calidad democrática como sucede la mayoría de las veces en Canarias. Y es que en el archipiélago el mayor infractor ambiental existente no es otro sino la propia administración que en palabras del Informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias de 2001 señala que la administración se financia del urbanismo porque las arcas públicas están vacías a causa de la corrupción o bien, en el mejor de los casos, por mala gestión o despilfarro de los cargos públicos.

El barrio costero de Chovito mantiene una lucha con la Dirección General de Costas desde hace unos años contra el derribo de sus casas que, en seis de sus casos, son única residencia de sus moradores. Es cierto que este poblado de origen marinero es una ilegalidad según las leyes pero no es menos cierto que en las islas, pensemos en el mamotreto de Las Teresitas construido pese a una suspensión judicial de las obras de la urbanización de esta playa o que la mayoría de los hoteles de nueva planta de Lanzarote son ilegales, hay infracciones mayores y más graves. Parece que esta dirección general tiene abiertos 1583 expedientes de infracción en todo el archipiélago y para dar un giro al pasotismo ambiental de muchos años ha decidido empezar precisamente a derribar Chovito que, pese a ser ilegal, se ha acabado convirtiendo en símbolo de un buen número de luchas sociales en la isla de Tenerife. Quizá el hecho de que el empresario canario Antonio Plasencia vaya a construir una urbanización justo detrás de este poblado, donde el ayuntamiento de Candelaria quiere hacer uno de esos famosos paseos marítimos que no van a ningún lado sino que sirven para justificar la especulación desde la administración, pueda tener mucho que ver con la decisión de la Dirección General de Costas. Y es que ya vimos este verano, en un programa estúpido de esa televisión pirata que ha montado el PSOE llamada La Sexta, como su director general José Fernández se lo montaba con una construcción ilegal en el litoral de Radazul de un familiar suyo.

Hace pocas semanas la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias Rita Martín decía que su organismo iba a buscar la manera de forzar la legalidad para que los hoteles de Lanzarote que han sido declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puedan seguir existiendo a pesar de que son, efectivamente, ilegales. Justamente su antecesor en el cargo en la anterior legislatura, Domingo Berriel, también intermediaba entre el empresario gran canario Santiago Santana Cazorla y el entonces presidente del gobierno Adán Martín para que fuera modificada la ley e incluir su proyecto de hotel Anfi Tauro como excepción a la moratoria turística de vigor desde hace ya algunos años. Precisamente desde esta misma Consejería de Medio Ambiente fue donde se dieron aquellos movimientos para condenar al ostracismo a una serie de funcionarios honestos que se negaban a firmar el disparatado estudio de impacto del Puerto de Granadilla que intentaba justificar con mentiras este brutal proyecto. Que la administración, principal infractora ambiental, quiera tirar el poblado de Chovito al mismo tiempo que se respeta el mamotreto de Las Teresitas, símbolo de la corrupción del alcalde Miguel Zerolo en el ayuntamiento de Santa Cruz, no hace otra cosa sino escenificar el ambiente de baja calidad democrática que se respira en las islas con decisiones arbitrarias e incontestables como estas donde los poderosos son capaces de forzar la legalidad a sabiendas pues conocen que a la larga se van a poder salir con la suya a causa de la lentitud de la justicia y la podredumbre de la administración.

La Dirección General de Costas está en manos del Gobierno de España y muchas quejas que se han hecho desde determinados sectores ático nacionalsocialistas han sido que sus decisiones nada populares pasan porque las competencias de costas de las islas deberían estar en la comunidad autónoma. Viendo lo mal que se gestionan desde hace muchos años las competencias que tiene canarias como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la futura ley de Parques Nacionales en la que nos acabaremos por ver parques de atracciones de ATI en las faldas de Teide siempre he dicho que Canarias en lugar de recibir competencias las debería de perder porque es mejor que determinadas competencias que afectan a lo social y a la calidad de vida se gestionen desde fuera que dentro de este nido de víboras que es la política canaria. No creo que el principal problema de costas esté referido a la gestión de las competencias sino que es un reflejo de la mala calidad de la democracia en la que la ciudadanía se limita a depositar un voto ceremonialmente una vez cada cuatro años y cuando ésta se organiza democráticamente para reivindicar sus derechos es insultada con epítetos como anti sistema o terroristas sociales por gente que, en el mejor de los casos, es incompetente y cumplen los dictados de los empresarios o, en el peor, son directamente corruptos.
Canarias 24 Horas, 6 de octubre de 2008.