Sí estuviéramos en Euskadi, no en Canarias, la expresión que da título a este artículo tendría un significado más jocoso del que pudiera tener aquí. Allí Vaya Semanita es el nombre de un programa de humor muy popular que se emite en castellano a través de la ETB2. En él se demuestra la madurez de un pueblo como el vasco que es capaz de hacer humor, y del bueno, no sólo de sus idiosincrasias y peculiaridades sino también del llamado conflicto vasco y de las relaciones de este pueblo con gobierno de Madrid.
En las tierras de la subvencionada por la Unión Europea República Bananera de Canarias el sentido del humor es un bien escaso entre muchos políticos, empresarios y mal llamados periodistas que cada día no sólo tienen la cara más dura que haya existido nunca por estas tierras sino parece que realmente se les está quedando así debido a la materia prima más consumida en Canarias: el cemento. A los ciudadanos, y contribuyentes netos de este sistema financiero que favorece a las grandes fortunas en virtud del Régimen Fiscal Canario prorrogado seis años más, cada día nos están dando menos ganas de reír. O sí lo hacemos es por no llorar como se dice corrientemente. En los primeros días del mes de febrero han ocurrido una serie de cosas, mediáticamente relevantes, como para que nosotros corroboremos la expresión de Vaya Semanita.
El lunes 5 a las 8:20 de la mañana era detenido el empresario Gran Canario Santiago Santana Cazorla en el aeropuerto de Gando cuando se disponía a tomar un vuelo para Tenerife, en lo que luego se sabrá que era para entrevistarse con muy altos cargos del gobierno de Canarias, por los tratos de favor que este millonario empresario presumiblemente tuvo por el también detenido y ahora en libertad con cargos alcalde de Mogán Francisco González. Este día también se realizaba la detención del concejal de hacienda, mercadillos, limpieza, patrimonio y contratación del municipio de Mogán, Silverio Hernández, por un supuesto delito de fraude electoral. Se le acusa de haber comprado el voto a vendedores del mercadillo local al supuestamente ofrecerles favores personales. El PP de este municipio se pudiera haber llevado por ello un total de 300 votos de las pasadas elecciones. Este rancio pucherazo electoral retrotraía a los canarios a la edad de las cavernas de la democracia en las que todo valía porque el poder era, sucediera lo que sucediera, de los caciques locales. Parece que hoy más que nunca esto no ha cambiado nada.
El mismo día, jueves 8, que un centenar largo de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria se plantaban en la playa de Las Canteras y lograban detener una obra que no contaba con permiso de costas y que consistía en tapar con hormigón una superficie de 400 metros cuadrados los compañeros de Ben Magec, Ecologistas en Acción, se disponían a dar una rueda de prensa en la Estación Marítima de Santa Cruz de Tenerife. Ésta se había convocado para dar a conocer que en la isla de Tenerife de planea la ampliación de la capacidad de atraques deportivos en un 500 por cien pasándose de los 1.400 actuales a unos 7.000 que acabaría llenado todo el perímetro insular de absurdos puertos deportivos. Para ello se pretende modificar la Ley de Puertos Canarios con una mención expresa de que aledañas a estas marinas deportivas podrán incluirse, a través de iniciativas privadas, usos alojativos y todo tipo de equipamientos complementarios como zonas comerciales o de ocio y turismo. Para el especulador canario, ese que no se sabe sí compra terrenos, votos o presidentes, las costas canarias son oro puro y no dudan en deteriorar nuestro territorio sí con ello se acaban enriqueciendo más todavía.
Cuando los miembros de Ben Magec llegaron a la zona de la Estación Marítima se encontraron un enorme despliegue de policías nacionales y guardias civiles que cachearon y trataron de manera vejatoria al compañero Frank porque lo vieron con una camiseta en contra de la corrupción y unos planos sospechosos. Luego llegaron las fuerzas pretorianas de la autoridad portuaria de Santa Cruz enviadas por Suárez Trenor que conminaron a los activistas a desalojar el sitio, un lugar público que se construyó y se mantiene con dinero de los ciudadanos, mientras los intimidaban tomando vídeos y fotografías a sus personas. Nosotros nos preguntamos con rabia contenida a quiénes coño tienen el deber y la obligación de defender las fuerzas del orden público, sí a los ciudadanos que reclaman su legítimo derecho de expresión porque hacen un trabajo voluntario que redunda en el bien común o a personajes como Suárez Trenor que pueden pronto enfrentarse a una posible causa por cohecho porque parece ser que su nombre está recogido en una contabilidad secreta de la estafa millonaria de Forum Filatélico. Este hombre sigue sin dimitir y sentado en su despacho con un sueldo que le pagamos todos para que por lo visto haga negocios oscuros y privados con lo público. La represión contra aquella rueda de prensa hizo que aquel día las fuerzas del supuesto orden descendieran a las más bajas esferas del franquismo y del fascismo.
Ese mismo día un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendía cautelarmente los actos del carnaval a partir de las diez de la noche basándose en la defensa de los Derechos Fundamentales por una denuncia que una serie de vecinos y comunidades de propietarios habían interpuesto contra el ayuntamiento de Santa Cruz ante las reiteradas negativas a buscar una solución negociada. El alcalde Miguel Zerolo que había prometido una solución en la campaña electoral de 2003, lejos de acatar la sentencia y callarse la boca, publicaba, pagando con dinero público, un bando en las contraportadas de los periódicos de la isla que incita al desataco de la sentencia y a la violencia contra los vecinos. Sin duda el alcalde busca echar una cortina de humo que tape los casos de presunta corrupción que se le vienen cada vez más tercamente encima, el de la marina de San Andrés y el pelotazo de Las Teresitas, y no ha dudado en usar los medios públicos para algo que, eso esperamos todos, se puede resolver este lunes 12 con la citación de las partes. Durante toda la mañana del viernes la basura de las radios cercanas y financiadas por ATI daba los nombres, apellidos y direcciones de los denunciantes y estos le habían contado esa misma tarde al abogado, Felipe Campos, que tenían miedo. Es de esperar que la justicia actúe de oficio contra estos cantamañanas que ha copiado el rancio estilo de Jiménez Losantos a lo chicharreo. Justo Fernández, un compañero y luchador, contaba este sábado en El País que, a parte de no tener miedo, en su casa situada en todo el centro del carnaval, que es un sexto piso, se habían llegado a medir el año pasado 117 decibelios de ruido que es un nivel idéntico a una turbina de un avión a reacción iniciándose.
Nada ni nadie puede estar por encima de un Derecho Fundamental. A Zerolo le ha gustado decir estos días que por los derechos de unos pocos lo vamos a pagar todos. La administración es la primera encargada de hacer cumplir las leyes y como tal tiene la obligación de hacer que esta se cumpla. En Canarias las administraciones, sobre todo aquellas que están bajo en mandato de ATI-CC, tienen nula tradición democrática. Es más, les molesta que la gente ejerza sus derechos y por eso los sepultan en marañas burocráticas. Es bastante seguro que en la reunión de las partes se llegue a una solución que sea buena para los implicados pero el enmierdameinto que con el bando se ha hecho no sólo no tiene parangón en la historia de la democracia española sino que, esperemos que no, podría llegar a tener consecuencias trágicas. Nosotros que también solemos soportar bastante ruido entendemos perfectamente cómo se sienten los vecinos de la zona ahora puestos en el punto de mira del nazismo de ATI.
El viernes 9 el diario electrónico Canarias Ahora filtraba la noticia que de confirmarse puede ser la más importante de la historia reciente de Canarias porque, de ser ciertos los hechos que pueden ser constitutivos de delito, abriría la posible investigación a casos similares que se han dado en Canarias en los últimos 25 años de caciquismo autonómico. Adán Martín Menis, presidente saliente de Canarias, habría mantenido una conversación telefónica con Santiago Santana Cazorla en el que este empresario le pedía ciertos tratos de favor para la urbanización turística Anfi Tauro que este empresario quiere hacer en Gran Canaria. En este posible delito de tráfico de influencias estaría implicado otro aforado, el consejero de medio ambiente Domingo Berriel, y Salvador Iglesias que es jefe del gabinete de presidencia. El juez que instruye el caso de la trama de corrupción del ayuntamiento de Mogán, José Alexis Reyes Negrín, ha enviado un trozo de su investigación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya que en el presunto delito se encuentran dos aforados que nos pueden ser juzgados por tribunales ordinarios, para que continúe con la investigación derivada de los pinchazos al empresario Gran Canario. Adán ha manifestado su tranquilidad, que menos, porque dice que la urbanización sobre la que había que pronunciarse está en manos del parlamento y no de su gabinete al mismo tiempo que reconoce la conversación telefónica con Santana Cazorla y la califica de algo normal que suele hacer con los empresarios. CC y PP, en virtud al posible pacto electoral que puedan realizar tras las elecciones de mayo, han actuado como pinza y como siempre hacen en los casos de corrupción que les salpican: han dicho al unísono que no es la justicia la que actúa ante determinados indicios de delito sino que es un ataque del PSOE.
El sistema de las administraciones en general tiene un esquema lo suficientemente garantista como para que si un ciudadano a título particular quiere saber algo de sus negocios o de sus intereses pueda hacerlo a través de las vías administrativas ordinarias. Otra cosa es que luego la absurda burocracia sea capaz de entramparnos a todos. El presidente del gobierno no tiene el deber de recibir a nadie por ello ni tampoco es normal que un ciudadano corriente tenga su teléfono particular, con lo tenía Santiago Santana Cazorla, y le de un telefonazo para saber de lo suyo. No es la primera vez que a Adán Martín se le relaciona con algo parecido en los 30 años que lleva metido en política. Ya en el año 1994 el diario El Mundo publicó unas informaciones en el que el actual presidente de Canarias, siéndolo entonces del cabildo de Tenerife, se podía haber visto implicado en operaciones de blanqueo de dinero a través del delincuente John Palmer. Estas informaciones como mismo un día empezaron a aparecer dejaron de hacerlo.
Sí fueran ciertos los hechos por los que el juez del caso de corrupción de Mogán pide que se investigue a Adán Martín este debería de dimitir de inmediato porque eso demostraría que, por lo menos, en alguna parte de su legislatura ha estado favoreciendo intereses particulares y no los generales como es su labor. De todas formas, y por el nivel de contenedores de mierda en el que se han acabado convirtiendo muchas administraciones canarias, es de presumir que no hará nada de esto sino ocultarse tras su coraza de aforado. Eso sí, el triste colofón a la peor legislatura autonómica que ha existido nunca en la historia de la democracia española con este posible delito no se la quita nadie.
Íbamos a acabar esta crónica de lo que ha sido una semana jugosa mediáticamente hablando con el hecho de que la foto de Arturo Rodríguez de la gente ayudando a unos inmigrantes recién desembarcados en la playa tinerfeña de La Tejita había recibido un premio en la sesión anual de la World Press Photo 2006. Aunque esta noticia nos llena de orgullo, y vuelve a demostrar que la gente de canarias es buena frente a sus políticos que emponzoñan las instituciones de suciedad y corrupción, otra muy reciente nos ha dejado toda la mañana del domingo con el semblante triste. A nosotros que nos gusta disfrutar en contacto con el medio natural nos ha sobrecogido la noticia de la muerte de 6 excursionistas y el ingreso hospitalario de otros 8 con pronósticos de gravedad reservados tras adentrarse en la galería abandonada de Piedra de los Cochinos en Los Silos Tenerife. Desde aquí sólo podemos unirnos en la tristeza de los compañeros de ATAN, el IAC, solidarizarnos con los familiares y amigos de los fallecidos, desear la pronta recuperación de los que permanecen hospitalizados y destacar la labor valiente de los equipos de rescate que han participado en este triste suceso.
Este martes 27 de febrero la desautorizada autoridad portuaria de Tenerife, cuyo presidente está por imputar por nada menos que cohecho a causa de las irregularidades cometidas con una pequeña marina deportiva en San Andrés, ha adjudicado a una UTE formada por empresas de Antonio Plasencia, Fomento de Construcciones y Contratas y Satocan las obras del dique de protección del puerto industrial en Granadilla. El cohecho en aquel caso, según documentación incautada a la empresa Forum Filatélico S.A. en poder del Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, consistía en que Luis Suárez Trenor se iba a llevar de comisión el 50 por ciento de los 50 millones de euros de los que estaba presupuestado el pequeño muelle deportivo. Cabe pensar en las posibles irregularidades que se pueden dar en la adjudicación de este gran puerto en virtud de lo que, parece ser, se pretendía con aquel. La fiscalía anti corrupción tendría mucho que mirar e investigar en este caso.
