Hubo
un tiempo en el que Telefónica era la empresa española de los grandes números:
sumaba muchos millones de abonados en todo el mundo, se expandía allí donde
había mercados cautivos como en Sudamérica, Europa del Este o Asía y mucha
gente ganaba muchísimo dinero especulando en bolsa como cuando salió al mercado
aquel portal fantasma que ya nadie sabe nada de él y que se llamó Terra. Era la época en que la empresa
era gobernada por el amigo de pupitre del expresidente Aznar Juan Vilalonga, designado digitalmente por aquel, para
privatizar por completo la compañía y desviar el valor de ésta hacia las bolsas
y no hacia el servicio de las telecomunicaciones. En España también la compañía
era la empresa de los grandes números y con un monopolio brutal mantenía millones
de abonados con precios abusivos que, en muchos casos, se han mantenido con la
entrada de la falsa competencia de
otras operadoras con las que, indefectiblemente, no se ha dudado en pactar
precios por supuesto siempre a la sombra.
Sin embargo, el salto exponencial de este empresa multinacional española ha
sido en los primeros años del siglo XXI con la presidencia de César Alierta,
otro designado digitalmente por el
oligofrénico de Aznar y que ha sobrevivido a tres presidentes de gobierno, pues
la empresa ha pasado de tener como objeto social las telecomunicaciones a
convertirse en la mayor charcutería de España y donde se espera que pronto el
1004 atienda pedidos relacionados con el chorizo y la casquería.
Prohombres
como Eduardo Zaplana, el imputado yerno del Borbón Iñaki Urdangarín o el
imputado Rodrigo Rato, que se fue con el culo al aire del FMI por sus
bochornosas previsiones a Bankia de cuya dirección dimitió después de dejar un
agujero de 40 mil millones que pagaremos todos los ciudadanos víctimas del
rescate, han llevado a esta empresa a la situación que ahora atraviesa de
pérdida de liderazgo en su sector porque su perfil no es el indicado para el
negocio sino que estos fichajes se enmarcan en el mero pago de favores
prestados. Algo así sucedió cuando Gas Natural fichó a un personaje tan
siniestro como el expresidente Felipe González como consejero independiente o cuando
Endesa fichó al falangistas expresidente José María Aznar como asesor para
Latinoamérica y cuyas incorporaciones a las infladas plantillas de directivos zánganos
no se entienden tanto como por la influencia política de estos personajes pudieran
tener sino como el pago de favores a cuenta de la casa por los servicios prestados en otro tiempo. Que Telefónica
anunciara el fichaje del imputado Rodrigo Rato, el exministro que fue un gran
actor en la privatización de esta compañía precisamente, un viernes 4 de enero
por la tarde cuando la gente estaba concentrada en las últimas compras
navideñas demuestra que la compañía, ante todo, sentía una vergüenza ajena muy
grande con respecto al asunto. Como fuera tenían que darle un sueldo al
imputado Rato de una manera impepinable y por órdenes muy de arriba pero parece
que la gestión política, y en este caso empresarial, se ha convertido en estos
últimos años en una gestión de la comunicación de las malas noticias a la
ciudadanía considerada con la carga peyorativa, en este caso, de clientes o
consumidores.
No
sólo es que el imputado Rodrigo Rato, el mayor delincuente financiero de la
historia de España que deja a Mario Conde que ha estado muchos años en la
cárcel como un mero timador de la
estampita, se va a ir de rositas, como parece que va a ser el caso, sino
que, además, se vaya a llevar un pastón a fin de mes por representar a una
empresa tan ligada al abuso sobre millones de consumidores de todo el mundo es
la mayor de las infamias que los millones de afectados por esta crisis hemos
tenido que soportar en nuestras caras hasta el momento. La misma clase
económica, política y social que hundió a España en el fascismo y en la pobreza
más absoluta durante más de cuatro décadas tras la guerra de 1936, aquella
casta que Franco alimentó como buitres y que cuando dejó todo atado y bien atado se hicieron demócratas de toda la vida para seguir
en el juego, ha sido la que nos ha llevado hasta esta debacle de carácter
moral, social, política y económica en la que nos encontramos. Los asesinos que
gobernaron este submundo llamado España tras la Guerra Civil han muerto ya en
la mayor de las impunidades y, por lo que parece, una nueva versión del
repugnante borrón y cuenta nueva que
significó la Transición se está poniendo en marcha con el objetivo que los
culpables de lo que está pasando ahora queden, de nuevo, en la impunidad más
absoluta volviendo a repetir la historia una y mil veces si fuera necesario.
Yo
no confío en la justicia y creo que el juicio que se está celebrando en la
Audiencia Nacional sobre el Caso Bankia
es una farsa en toda regla que más tarde o más temprano se acabará por archivar
porque los culpables de esta gran estafa colectiva llamada España, la economía
española ha vivido muchos años en una burbuja inmobiliaria creada por la ley
del suelo del imputado Rodrigo Rato, ni van a tener el castigo que se merecen
ni, mucho menos, van a pisar la cárcel. El juez Fernando Andreu puede que tenga
la mayor de las voluntades del mundo para que los 33 delincuentes imputados en
la causa paguen con la cárcel lo que han hecho pero, tristemente, sólo hay que
recordar el calvario que se le hizo pasar al malogrado Baltasar Garzón que fue
separado, de la manera más canalla del mundo, de la carrera judicial por parte
de sus compañeros de la extrema
derecha. La separación de poderes entre el poder político ejecutivo y el
judicial, que tanto reclaman los jueces cuando hay algún tipo de intromisión
que les desagrada, no existe en la realidad y la clase judicial, en su mayoría,
es una clase untada y mezclada con la clase política que es la que les da su
sentido más absoluto. Ruiz Gallardón es un ser completamente infame, muchos lo
alababan como el gran progre del PP
antes de ser ministro pero hay quienes veíamos su lado siniestro cuando se
hacía pasar por un moderado, pero tenía razón en una cosa: el poder judicial
está básicamente enfadado con él y con el gobierno del PP porque les han
recortado el sueldo, los días libres y porque ahora algunos jueces tienen que
pagar 50 euros en los parking de sus juzgados antes que por otra cosa. Los
trabajadores de la sanidad de Madrid han estado cinco semanas en lucha
dejándose sus nóminas en la batalla defendiendo la sanidad de millones de
personas pero los jueces por lo único que se les ve unidos es por puro
corporativismo. En este tiempo lo han demostrado no sólo callando mientras los
demás nos veíamos atacados hasta que han hablado porque lo suyo ha sido mermado
sino que, además, lo han demostrado con muchas sentencias que lo que hacen es
defender el estado de cosas vigentes, a pesar de saber que son injustas, porque
la confrontación no les conviene. Sé que algún juez decente, que los habrá no
digo que no, pudiera sentirse ofendido con estas palabras pero es lo que vemos
por sus acciones una gran parte de la ciudadanía: que están al lado de los
poderosos y que, en el fondo, no va a haber nunca una justicia digna para la
mayoría de la gente corriente. No hay más que recordar la actitud de Carlos Dívar
completamente alejada de la realidad social mientras se iba de fin de semana caribeño
con su guardaespaldas y amante a hoteles de lujos a costa del ciudadano. En
este sentido no va a haber cárcel para
Rato, ni para muchos imputados por Bankia ni una sanción decente para los 63 políticos querellados por
Democracia Real Ya que cobran 1.800 euros en dietas por vivir en Madrid aunque
tengan casa propia como hace una astuta como
Ana Oramas. En el estado de shock en el que vivimos la opinión pública tragará lo que haya que tragar como estamos
tragando que el imputado Rodrigo Rato vaya a ser consejero para Latinoamérica y
Europa de Telefónica.
En
Internet hay una petición para que César
Alierta cese al imputado Rodrigo Rato que, como no debe ser de
otra manera, se agradece pero que se queda tímida en comparación a las
soluciones de orden radical que nuestra sociedad necesita. La justica está cara
y con mis palabras no quiero cometer ningún delito expresando lo que siento
para verme en manos de los jueces injustos a los que más arriba me he referido
pero para esta situación no caben ni parches ni soluciones parciales sino
revolucionarias y radicales y que, sobre todo, pasen por las vías que se entienden
normales.
Canarias 24 Horas, 7 de enero de 2013.
