El 3 de marzo de 2007 a los activistas de Ben Magec, en una bonita protesta que logró atraer a mucha gente, se les ocurrió colocar uno tras otro los folios con las miles de firmas de las personas que se mostraban en desacuerdo por la construcción del puerto industrial en las costas de Granadilla para unir de manera simbólica lo que se consideran los centros neurálgicos de poder culpables de este, si se llega a hacer, atentado social y medioambiental como es el Cabildo de Tenerife, el Parlamento de Canarias y las sedes de los partidos PSOE, PP y CC que ya sabemos que la misma cosa es. Si a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la fiscal María Fernés y la magistrada Carla Bellini decidieran colocar uno tras otro los 20.000 folios, cuyo secreto se ha levantado parcialmente este martes 22, de la instrucción abierta por la venta del frente de La Playa de las Teresitas contra Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Ignacio González, Antonio Plasencia y varias personas más sin duda darían para, desde el ayuntamiento de Santa Cruz, ir a la sede central de Cajacanarias, los pisos donde se guardaba información de la operación en la calle del Pilar y puede que hasta sobraran unos cientos de hojas con lo que hacer barquitos de papel para que jueguen los niños en la playa.
Yo no me he leído todos esos folios, representan el equivalente a 20 veces la última edición sentada de El Quijote presentada en 2005 por la Real Academia como conmemoración del cuarto centenario de la primera edición de esta novela, y dudo que haya ser humano alguno que se lo haya hecho al completo. Lo que sí he podido leer, y no precisamente a través de la prensa tinerfeña adicta a ATI sino por la de Gran Canaria como cuando la gente se informaba de lo que pasaba en la España del dictador Franco a través de la BBC, son ciertas conclusiones que se han podido sacar de las declaraciones de los principales imputados en esta trama, presunta siempre, de corrupción.
Si estrenaran en el cine una película policiaca en la que aparecieran elementos como que un empresario le pide a uno de sus pringados trabajadores de Vultesa que haga de testaferro suyo en un negocio porque su nombre no puede aparecer, un abogado se levanta más de 100 millones de pesetas por hacer un papel de doble agente entre los afectados por la venta de un frente de playa y la administración que acabará comprando los terrenos mucho a un precio muy superior del normal de mercado, hay un alcalde que dice que se enteró por la prensa de muchas cuestiones que atañen a la administración o que no leía lo que firmaba porque se suponía que eso lo hacían los técnicos y que hayan facturas por la visita de unos arquitectos importantes que, un año antes de la concesión de las obras, fueron pagadas por empresarios a los que se les acabaría concediendo las obras puede que ni la iríamos a ver porque nos parecería un argumento tramposo, manido, previsible, burdo y hasta imposible. Esto es, precisamente, lo que en virtud a la instrucción de la que se ha levantado parcialmente el secreto del sumario hemos podido saber estos días gracias, como ha quedado dicho, a los medios de Gran Canaria y no como El Día, el periódico de mayor difusión en Tenerife, que ha tardado casi cinco números en empezar a comentar tímidamente este asunto en sus páginas.
Siempre con el debido respeto al trabajo que hacen los jueces y con la presunción de inocencia presente lo que hemos podido saber estos días sobre cómo se gestó la compra del frente de la playa de Las Teresitas responde simple y llanamente al nombre de trapicheo. Como estamos en campaña electoral ahora la policía se hará más presente en las calles, según sus mandos porque hay que reprimir el delito que siempre interesa que se perciba como algo superior a lo que es, cuando vemos que los verdaderos delincuentes se sientan en presidencias de empresas, tienen acceso a préstamos de alto riesgo que si todo les va bien obtienen un beneficio espectacular sin poner un céntimo de su bolsillo y todo bajo la atenta mirada de responsables políticos que en lugar de velar por lo público lo hacen por ciertos intereses privados.
Dicen que en Tenerife toda la corrupción conduce a Granadilla. Este otro pelotazo busca no sólo degradar social y ambientalmente estas cosas con la construcción de un puerto innecesario sino privatizar el de Santa Cruz con la construcción de centros comerciales, hoteles de lujo, marinas deportivas y demás instalaciones privadas. Que María Fermés y Carla Bellini hayan podido realizar la instrucción, seguramente que muchas veces con presiones, ha dependido de unas voluntades políticas bastante mínimas para que la institución de la Fiscalía Anticorrupción funcione. No he oído nunca un discurso político que se base en enaltecer la corrupción y decir que esta es necesaria para el sistema e imposible de combatir. Luego resulta que hay países como Rusia, Italia o a veces hasta España que sin ella su PIB no se puede explicar. Más bien los políticos dicen todo lo contrario, Zerolo llegó a decir que en CC tenemos las manos limpias y los bolsillos vacíos de corrupción, aunque cuando los corruptos están en sus filas miran para otro lado. Para estas elecciones lo mejor que pueden hacer los gobernantes es callarse la boca y cuando estén en posición de hacerlo aumentar los presupuestos para la persecución de delitos de corrupción que son de los más inmorales que un individuo pueda cometer. Lo demás ya vendrá solo.
Canarias 24 Horas, 29 de enero de 2008.
