El sistema que impera en Canarias, de endeudamiento caprichoso, adelgazamiento de las arcas públicas y despilfarro por mala gestión, es un mal crónico que indica más bien una forma general de ser, las islas han sido y son una región secularmente depredadas por un caciquismo feroz y sin ningún tipo de escrúpulos, achacable a todos los partidos políticos que tienen poder en Canarias y que, a pesar de una década larga de gobiernos nacionalistas, bien señala el dicho que PSOE, PP y CC la misma mierda son. Un ejemplo claro es el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, que después de haber sido varias veces Presidente de Canarias y Ministro del Gobierno de España en lugar de retirarse de una vez de la política, con más de 30 años de servicio a su gente todo hay que decirlo, ha optado a esta alcaldía pasa colocar al mayor municipio de Canarias en la más pura mediocridad con crisis abiertas como la del boro en el agua de abastecimiento municipal, la privatización de Guaguas Municipales, el despilfarro en los gastos de representación y un conflicto con los funcionarios de la corporación. Si un personaje como este que ha sido todo lo que podía ser ha decidido acabar de una manera tan mediocre su vida política es seguro que no trabaja para beneficiar a la generalidad de la ciudadanía sino a gente particular como siempre sucede en política. Aunque sabemos que el señor Saavedra estuvo bien rodeado en su primer mandato de Canarias, un momento de mucha ilusión en el que había que inventar todo el entramado autonómico, se siente vértigo al pensar en los desmanes que se pudieron ocasionar por la falta de experiencia si ahora como alcalde, y con supuesta experiencia, hace todo el mal que hace.
Tras casi 30 años de distintos gobiernos regionales en Canarias el gobierno autonómico se enfrenta a pagos millonarios que rondan más de 200 millones de euros y del que esta semana hemos sabido, en boca de un impresentable Berriel consejero de hacer puertos y destrozar el medio ambiente, que el Gobierno autónomo debe materializar en el plazo de 15 días más de 101 millones de euros por la sentencia de Tebeto. Y es que este dinero no es el único que debe salir de lo público, o sea del bolsillo del contribuyente, para pagar la mala gobernanza que nuestros dirigentes, cargos públicos y enchufados a dedo han gestionado mal en estos años. Otras sentencias se vislumbran contra las arcas públicas, después de que ya se haya empezado a liquidar el desastre de Tindaya, como la expropiación del Parlamento de Canarias que con los intereses ya debe de pasar de los 100 millones. Eso sin hablar de dineros desaparecidos con el tema de los cursos del Icfem y que ciertos sindicatos no llegaron a impartir nunca, las partidas presupuestarias de subvenciones que se van a tener que devolver a la Unión Europea como el inútil puerto de Arinaga, lo que nos está costando a los canarios el tema de Las Teresitas o lo que nos queda todavía por pagar por el lucro cesante del puerto de Granadilla o la pérdida de subvenciones de la Unión Europea que podían haberse dedicado a otras cosas.
Los políticos podrán decir lo que quieran de estos dineros y de muchos más, recordemos que mientras el impresentable de Paulino Rivero habla de deuda histórica del gobierno central con Canarias esta autonomía se ha permitido el dudoso lujo de devolver en casi seite años más de 900 millones de euros en presupuestos finalistas al Gobierno central, pero estos datos, en cualquiera de las situaciones posibles pero más con la grave crisis que los ciudadanos canarios nos enfrentamos y donde toca financiarnos a nosotros mismos y a esta maquinaria pública de quemar dinero, son un escándalo sin ningún tipo de duda.
Zapatero ha venido a Canarias, la autonomía española donde objetivamente peores son las cifras de desempleo y donde la especialización de la economía con la construcción y el turismo de mala calidad hacen muy complicado salir de la crisis en buena posición por lo pobre de nuestro modelo económico, y a los grupos empresariales confundidos con Coalición Canaria les ha parecido poco el dinero, 162 millones de euros, comprometido con las islas para paliar simplemente los efectos de la crisis en nuestro territorio reactivando el turismo y reduciendo el paro. Y es que visto lo visto a ver quién es el tonto que le da a esta gente dinero a mansalva en presupuestos abiertos y sin memoria económica ni justificación de la misma manera que nadie con dos dedos de frente hubiera dejado a su hijo pequeño frente a la puerta del dormitorio del difunto Michael Jackson. El Lanzarote de Dimas Martín era conocido como la isla del 10 por ciento porque parece que este político, desde la cárcel con un teléfono móvil y un portátil conectado a internet, era lo que le gustaba cobrar en comisión a todo aquel que tuviera que ver con la isla a la hora de hacer negocios. En Canarias, la autonomía con más casos de corrupción proporcionalmente de todo el estado español, esta es la forma de actuar del corrupto, el robar a manos llenas, sin ningún tipo de pudor y hasta jactándose de ello como hacían determinados miembros del PIL, y por eso un presupuesto finalista no es sólo difícil de elaborar, necesita inteligencia financiera cosa que nuestro gobernantes no tienen, y es más difícil de entrampar. Por esto, quizá, es por lo que se devuelve tantos dineros de este tipo.
Estas cosas no pueden quedar de esta manera. Sin que sea una caza de brujas, dotando a la policía y a la justicia de los presupuestos necesarios, habría que hacer una investigación de por qué han desaparecido estos dineros y encontrar los culpables de las malas gestiones, detrás de estas malas decisiones administrativas, muchas de ellas sin duda hechas con alevosía y mala fe, hay personas que pueden ser identificadas por las memorias en los departamentos correspondientes y por las firmas en los documentos. Estas personas deben ser investigadas, compadecer ante un tribunal si fuera necesario para dar explicaciones de sus posibles malas gestiones y si se demuestra que éstas ha sido causadas por la mala fe de altos cargos públicos a sueldo del contribuyente entonces estos deberían de pagar con sus patrimonios sus graves fallos y con cárcel si fuera necesario. Estoy hablando de justicia y no de persecuciones porque a la mayoría de los ciudadanos cuando obran mal contra la administración ésta los persigue. Y es que ya se sabe aquello que dice que si robas sólo cien tienes un problema pero si robas cien millones el problema los tienen otros. Particularmente para entender lo que pasa en Tebeto habría que remontarse a la época en la que el hermano de José Manuel Soria, Luis Soria, fue Consejero de Industria cuando saltó el caso eólico y donde estos 101 millones que se tienen que pagar de aval forman una cadena de posibles malas prácticas administrativas que empiezan con fallos en la tasación de la indemnización y bastante desidia y mala gana para arreglar las cosas a favor del interés público.
Canarias 24 Horas, 6 de Julio de 2009.
