08 julio 2013

El descontrol en los organismos de control


Como mismo hizo el PP en su día, recordemos que la única persona que ha sido castigada por la Trama Gürtel hasta el momento es el juez Baltasar Garzón que investigaba este grave caso de corrupción política y de financiación irregular del partido, hace ahora el PSOE contra la jueza Mercedes Alaya que lleva la causa de los falsos ERE de Andalucía y que acaba de imputar a media cúpula del partido incluida a la exministra Magdalena Álvarez: cargar contra esta representante de la carrera judicial como si ella fuera la delincuente y no las personas que permitieron defraudar miles de millones de nuestros impuestos. Que los jueces son un poder no democrático, se quitan y se ponen ellos mismo y no son elegidos directa y democráticamente por los ciudadanos, y que la mayoría de las veces actúan por caprichos personales y por su filiación ideológica, seguramente la señora Alaya peque de algo de eso, es algo que nadie a día de hoy se permite dudar pero lo que está haciendo el PSOE con la jueza responde al término de miserable porque así es como cabe referirse a la política profesional que ha estado ejerciendo la casta que nos gobierna. A día de hoy pedirle a la justicia que resuelva los graves desmanes que han ocurrido en las distintas administraciones españolas, calificable de corrupción de carácter estructural, desde el inicio de la incompleta Transición hace ahora casi 40 años es una labor titánica y totalmente imposible para los órganos jurídicos. Primero porque no hay capacidad material para ello ya que hay que llegar hasta la misma jefatura del estado con DNI de dos dígitos y segundo, lo más importante, porque la voluntad de la casta política para limpiarse a si misma, y que es la que tiene que dotar a la justicia de los medios necesarios para ello, es completamente nula para eso porque sería como tirar piedras contra el propio tejado. Ya lo he dicho alguna vez: se prepara la mayor operación de impunidad de la historia de la España reciente y todos seremos responsables de ésta si no le ponemos solución.
Andalucía cuenta desde 1988 con un organismo de control de fiscalización del gasto autonómico, la Cámara de Cuentas de Andalucía, que si hubiera hecho bien su trabajo sin duda este grave caso de corrupción no hubiera sucedido o, cuando menos, se hubiera visto enormemente mitigado. En España, junto con el Tribunal de Cuentas que tiene como función la fiscalización de las cuentas del sector público según la legalidad y la de jurisdiccionalidad de la responsabilidad contable de los cargos públicos, existen hasta 13 figuras homologables de carácter autonómico que van desde Canarias, pasando por Navarra, Cataluña, Valencia, Galicia, Euskadi, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Islas Baleares, Asturias y la misma Andalucía. Curiosamente han sido autonomías como Canarias, región en la que hay más políticos imputados en casos de corrupción de todo el estado, Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía donde, a tenor de la gravedad de los casos de corrupción que han salido a la luz, estos organismos han hecho peor su trabajo. A poco que uno se informe salta a la luz que lo que han acabado por ser estos órganos superiores de control: una suerte de echaderos que sirven para pagar favores políticos, con sueldos como los 7 mil euros que se llevan los consejeros de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid con coche y chófer incluido, donde no son designadas personas con la mayor de las valías y reconocido prestigio para la gestión de las cuentas públicas sino los enchufados de turno como, en el caso de Madrid, los personajes más afines al PP.
La Audiencia de Cuentas de Canarias está formada por cinco miembros, el Presidente Rafael Díaz Martínez y los Concejeros José Carlos Naranjo y Esther González promovidos por CC y José Carlos Alemán y Elena María Hernández designados por el PSOE. Ni que decir tiene que la misma composición de la Audiencia es un fraude de ley para todos los ciudadanos pues a pesar que el PP obtuvo más votos que CC y PSOE por separado en las anteriores elecciones autonómicas no tiene representación alguna como manda el estatuto que regula el Consejo de la Audiencia por lo que entramos en el paradigma del golferío secular existente en esta tierra de Canarias: los mismos que gobiernan son los que luego se controlan a sí mismos con lo que, viendo la nula actividad de esta institución, se comprenden perfectamente los niveles de corrupción a los que se ha llegado en este archipiélago. Pero esta actitud, la de controlarse a la manera compadre los que gobiernan y dejar fuera a la oposición, no es algo nuevo con este infame pacto PSOE y CC sino que cuando CC estaba coaligada con el PP, el PSOE estaba excluido de este órgano de control. El último nombramiento en la Audiencia de Cuentas fue la del socialista, y caradura, Juan Carlos Alemán como consolación a su desafortunada carrera política, a día de hoy los que todavía votan al PSOE porque creen en él son francamente unos ingenuos, y se le acabó buscando una plaza vacante en este echadero político a pesar de no ser una, como requiere el estatuto de la institución, destacada personalidad de la gestión en el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Quien visite la página web de esta institución, el inútil de Paulino Rivero está todo el día hablando de transparencia pero con la boca pequeña porque si ésta fuera un hecho seguramente terminarían nuestros problemas y empezarían los suyos, comprenderá fácilmente por qué la corrupción ha llegado tan lejos en estas tierras: es imposible encontrar quiénes son los consejeros de la institución, cuántos informes se dictan al año y las memorias, siempre en formato .pdf, parecen malos trabajos escolares para aprobar el curso a última hora en septiembre pues están llenos de paja, de información redundantes que debería estar plasmada en otro sitio, y es muy complicado encontrar una página con sustancia porque, en efecto, la Audiencia de Cuentas sirve para mantener el alto nivel de vida que se gastan sus miembros y altos funcionarios y, a la hora de la verdad, no auditan absolutamente nada. De infame es la mirada hacia otro lado que los miembros de esta Audiencia están haciendo con el gran escándalo en el que se ha convertido la financiación de la cutre televisión autonómica de Canarias cuya única función es la de enaltecer la figura de un bobo de solemnidad como es el Presidente Paulino Rivero.

Durante los casi diez años de lo que fue la orgía inmobiliaria en España, entre la entrada en vigor de la Ley de Suelo de Rodrigo Rato en 1998 hasta el comienzo oficial de la crisis durante la presidencia del inepto de Zapatero en 2008, no sólo nos llegamos a creer que éramos los nuevos ricos del mundo, puro efecto de una burbuja insuflada por la corrupción, sino que todos los órganos de control del estado y de las distintas administraciones fallaron de manera estrepitosa. Bueno, ya sabemos que no fallaron en el sentido estricto de la palabra sino que el deber de auditar las cuentas y perseguir los delitos fiscales en la administración acabaron mirando para otro lado. Nunca los ciudadanos habíamos sido tratados de manera tan miserable como durante estos años, ni siquiera durante la dictadura franquista que a pesar de ser completamente nefasta mantenía una cierta condescendencia, llámese paternalismo falangista, con los ciudadanos que la supuesta monarquía democrática en la que vivimos no ha sabido tener pues todos los presidentes nos ha acabado por arrojar a los buitres del neoliberalismo. Una Segunda Transición es ahora más urgente que nunca y necesaria para superar lo que la primera dejó a la mitad: la construcción de un estado social que combata el liberalismo en el que el mundo está inmerso y que reformule el sistema político y la forma de gobierno en donde las castas políticas que gobierna y la oligarquía financiera dejen de controlar el poder que llevan desde hace más de un siglo a sus espaldas. Ya hemos dicho que la justicia no será la solución pues las causas a abrir serían tantas y tan complejas que no darían a basto pero una cosa es urgente: exigir responsabilidad penal y/o patrimonial a los gestores públicos que debían ejercer la labor de control de las distintas instituciones y que miraron, lucrativamente, hacia otro lado.