En los largos y duros años de la dictadura franquista y fascista en España la única manera de conocer lo que estaba sucediendo dentro del país era leyendo la prensa extrajera o escuchando las emisoras de radio que a través de la onda corta emitían desde lugares lejanos como Pekín o Moscú. Los tristes avatares políticos de la dictadura contrastaban con la versión casposa que el régimen vendía a los ciudadanos. Durante los tres días posteriores al atentado de Al-Qaeda en Atocha el 11 de marzo de 2004 para conocer la vedad había que recurrir a los medios internacionales a través de internet porque en España, salvo el Grupo Prisa, el entorno mediático creado por el PP en ocho años de gobierno se apuraba en mantener la mentira de que la autoría del atentado había sido de ETA y no de radicales islámicos luchando denodadamente para que los populares no perdieran las elecciones del día 14. No sólo las perdieron sino que hoy, más de dos años después, esta prensa de ultraderecha se empeña en mantener patéticamente aquella vergonzosa mentira y, como es el caso del diario El Mundo, publican hasta informes falsos en base a un desodorante de pies compuesto por ácido bórico que lo único que puede demostrar de verdad es que tanto a los vascos como a los musulmanes, en efecto, les sudan los pies. El 4 de diciembre de 2006 el juez de
A pesar de esta ocultación paranoide de los medios tinerfeños ligados a ATI y del respaldo de coalición, empezando por su presidente Paulino Rivero Baute y llegando nada menos que hasta el, en buena hora, retirado Manuel Hermoso, al alcalde y parlamentario aforado Miguel Zerolo los hechos que sacan a la luz el auto de Garzón resultan ser tercos. Parece ser, y siempre según este auto que ha sido redactado tras analizar dos documentos que estaban en la contabilidad secreta de Forum Filatélico, que se comprometieron cantidades dinerarias entre la empresa adjudicataria de la marina deportiva que van desde los tres millones de euros para Miguel Zerolo, que se destinarían para la financiación de coalición canaria, y el 50 por ciento de lo presupuestado, de un total de 50 millones de euros, para Luis Suárez Trenor presiente de la autoridad portuaria y padre de familia numerosa. Otras cantidades comprometidas eran 60 mil euros para el presidente de la asociación de vecinos de San Andrés Francisco Nolasco Torres afiliado a coalición, y de ser ciertos los hechos auténtico pringado que vende barata su traición al movimiento vecinal al pedir tan pequeña cantidad comparada con las otras, y 30 mil euros para Herminia Gil asesora urbanística del ayuntamiento de Santa Cruz. A Garzón no le consta que la totalidad o parte alguna de estas cantidades haya sido ya cobrada. Otros nombres que aparecen en el auto es el de José Manuel Carlos Llorca Rodríguez que podría ser el redactor de uno de los documentos y que en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia con varias órdenes de búsqueda y captura a sus espaldas y el del empresario canario José Ana Pérez Labajos que también tiene algún que otro asunto turbio a sus espaldas.
No sólo los hechos que se relatan son muy graves sino también la acusación hecha por Rivero y la dirección de ATI de que el ministro de justicia, y candidato del PSOE a la presidencia de Canarias, Juan Fernando López Aguilar está instrumentalizado la judicatura para obtener beneficios electorales de ello. Esto último parece más que es producto de una crisis nerviosa que le ha entrado a coalición canaria después de que la impunidad que llevan observando décadas parece que haya podido tocar fondo. A las pocas horas que se destapara el asunto por medio de un teletipo de
Hoy mas que nunca los planes desarrollistas de coalición para toda Canarias, concretamente los de ATI para Tenerife, están completamente en tela de juicio. Sí con una simple marina deportiva para el pueblo de San Andrés, como se desprende del auto del juez Baltasar Garzón, se han encontrado indicios de delito tan grandes qué no pudiera haber detrás de otra obra más importante como es el proyecto de puerto industrial para las costas de Granadilla y que no hay que olvidar que su mayor promotor ha sido Luis Suárez Trenor para el que los papeles intervenidos por Garzón señalan unas escandalosas comisiones de 25 millones de euros por San Andrés. Quizás el empecinamiento del entorno mediático, empresarial y político de coalición canaria en una obra social, económica y ambientalmente tan desastrosa tenga que ver con algo por un estilo a lo revelado en la contabilidad secreta de la empresa Forum Filatélico. Por eso, ya de una vez por todas, la fiscalía debería meter mano a todos los movimientos de tierras en las zonas aledañas al polígono industrial de Granadilla porque quizás encuentren sorpresas parecidas. La falta de vergüenza es algo consustancial a coalición canaria, es el axioma básico que esta formación utiliza para hacer lo que ellos dicen que es política pero que en realidad no son más que negocios privados. Aún así, y a pesar de ya uno haberlo visto todo, cabe imaginarse la cara con la que podrán seguir defendiendo este proyecto que cada día está más tocado de muerte.
Ante unos hechos tan graves como los que en el auto de Garzón se relatan organizaciones como Ben Magec Ecologistas en Acción,
Ramón Afonso y yo tenemos la manía de, sin apenas conocernos ni hablarnos, pisarnos los artículos. En estos días él escribía uno sobre el mismo tema titulado Terroristas Sociales. Yo, que me marean unas instituciones generalmente alejadas de la gente, pensaba concluir este artículo apelando a las organizaciones sociales como garantes de la democracia real. Hoy no puedo sino sumarme a él y decir que, realmente, la lucha está en la calle.
